La Administración autonómica ha permitido a las empresas Marsegur y Sinergia licitar para la adjudicación de las labores de vigilancia en las Consejerías madrileñas a pesar de no cumplir con el Convenio Colectivo Estatal del sector.
La entrada de estas compañías en la competición pública supone la ruptura por parte del Gobierno autonómico de la promesa hecha a los trabajadores del sector tras las concentraciones del 3 de marzo frente a la Asamblea madrileña, al garantizar que no se tendría en cuenta las ofertas que no cumplieran el convenio sectorial.
Sin embargo, ambas compañías han pasado el primer corte del concurso -que evalúa los requisitos técnicos y económicos- y se postulan como principales candidatas de cara a la adjudicación final vía costes.
“La Comunidad de Madrid dice que el Convenio Estatal sólo se valora de cara al concurso pero no es excluyente. Aunque estas empresas pierdan algunos puntos por no cumplirlo ganan muchos más por la reducción en costes económicos. No entendemos que hace menos de dos meses nos dijeran durante la huelga que no se tendrían en cuenta estas empresas y ahora nos llaman para avisar de que han pasado de fase”, señalan fuentes sindicales.
Las conocidas como “empresas piratas” dentro del sector son aquellas que han optado por pagar a sus trabajadores por debajo del salario del convenio para ahorrar en costes y poder presentarse a los concursos con ventaja.
En estos casos, los empleados reciben una media de 700 euros al mes en lugar de los 1.100 euros que les corresponden por acuerdo, hasta un 30% menos. Según los datos de la Unión Sindical Obrera (USO), estas empresas podrían haber defraudado hasta 80 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social a través de estas prácticas.
Precisamente, desde esta organización se han interpuesto diferentes denuncias contra estas empresas en relación a delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo o fraude a la Hacienda pública y a la Seguridad Social.
La última de ellas fue fallada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor de USO, declarando la inaplicación de los artículos referentes a retribuciones de los trabajadores en el convenio de la empresa Marsegur, cuya vigencia estaba prevista hasta 2018.
Sin embargo, no es la primera vez que el Gobierno popular hace la vista gorda con este tipo de compañías, tras adjudicar el servicio de vigilancia del BOE en Madrid, dependiente del Ministerio de Presidencia, a Sinergias, la otra empresa candidata para la seguridad privada de las Consejerías.
Las fuentes sindicales han reconocido a SABEMOS que no pueden impugnar dicho concurso al tratarse de actores externos, pero esperan que alguna de las empresas afectadas –que sí se ajustan al Convenio Estatal- se encargue de tomar medidas por la vía administrativa.
“No es justo que el resto de empresas partan en desventaja de cara a los concursos por cumplir la ley, esto hay que regularlo. Ya se está moviendo un proyecto no de ley para 2017, pero poco se puede hacer en esta ocasión”, añadían.
