La UE ha dado el último paso para abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo multilateral de comercio e inversión aplicable al sector de la energía, que no es compatible con los objetivos de la UE en materia de clima y energía en el marco del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París.
El Consejo y la Comisión han enviado dos notificaciones al Gobierno de Portugal, que es el depositario oficial del Tratado, comunicando la retirada de la Unión Europea y de Euratom. La decisión surtirá efecto en el plazo de un año y responde al acuerdo alcanzado el mes pasado entre los ministros de Energía de la UE sobre las propuestas de la Comisión para proseguir la retirada y la modernización del Tratado en paralelo.
Esta semana, la Unión y sus Estados miembros también han alcanzado un acuerdo formal para poner fin a la continuación de los procedimientos de arbitraje dentro de la UE en virtud del TCE que son contrarios al Derecho de la Unión. Más concretamente, el acuerdo tiene por objeto aclarar, en beneficio de los tribunales y tribunales arbitrales, que la cláusula compromisoria prevista en el TCE no se aplica en las relaciones entre un inversor y un país de la UE.
Sentencia Komstroy
El acuerdo es consecuencia de la sentencia Komstroy, en la que el Tribunal de Justicia declaró que la cláusula compromisoria del TCE debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a los litigios entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro en relación con una inversión realizada por este último en el primer Estado miembro. En otras palabras, en virtud del Derecho de la Unión, en este marco, los laudos arbitrales son inválidos y, como tales, inejecutables en cualquier lugar de la Unión.
Esta sentencia vincula a todos los Estados miembros y a sus órganos jurisdiccionales nacionales. Sin embargo, la clara jurisprudencia de los tribunales de la Unión no siempre ha sido respetada por los tribunales arbitrales, que han seguido aceptando la competencia y dictando laudos en procedimientos dentro de la UE. Por consiguiente, los Estados miembros, la UE y Euratom decidieron negociar un acuerdo con arreglo al Derecho internacional público para resolver este asunto. El acuerdo aclara, en beneficio de los órganos jurisdiccionales y tribunales arbitrales, que la cláusula compromisoria prevista en el TCE no se aplica en las relaciones entre un inversor de la UE y un Estado miembro de la UE.
Los Estados miembros y la Unión acordaron además acompañar el cierre de las negociaciones sobre el acuerdo con una Declaración sobre las consecuencias jurídicas de la sentencia Komstroy. Dicha Declaración se firmó el 26 de junio. El acuerdo se somete ahora a procedimientos internos que conducirán a su firma y entrada en vigor. Para la Unión y Euratom, la Comisión está preparando las propuestas necesarias para autorizar la firma y adopción del Acuerdo.
Ambos textos reflejan la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y están plenamente en consonancia con la posición establecida de la Unión expresada en numerosas ocasiones, incluso en tribunales abiertos en jurisdicciones de terceros países. Se ha informado de este acuerdo a la Secretaría del Tratado sobre la Carta de la Energía.
Trasfondo
El Tratado sobre la Carta de la Energía es un acuerdo multilateral de comercio e inversión aplicable al sector de la energía que se firmó en 1994 y entró en vigor en 1998. La Unión Europea es Parte contratante de dicho Tratado, junto con Euratom, 22 Estados miembros de la UE, así como Japón, Suiza, Turquía y la mayoría de los países de los Balcanes Occidentales y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con excepción de Rusia y Bielorrusia. En cuanto a los Estados miembros de la UE, Italia se retiró unilateralmente en 2015. Francia, Alemania, Polonia y Luxemburgo ya han salido del TCE. Eslovenia, Portugal y España también han iniciado un procedimiento de retirada.
La Comisión ha negociado una modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía en nombre de la UE para adaptarlo a los objetivos de la Unión en materia de clima y energía y a su marco de protección de las inversiones. Sin embargo, debido a la falta de apoyo mayoritario de los Estados miembros, la UE aún no ha votado a favor de la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía. Posteriormente, la Comisión ha propuesto que la UE, Euratom y los Estados miembros que se retiren del Tratado no modernizado, debido principalmente a la preocupación por la protección de las inversiones en combustibles fósiles. Durante la Presidencia belga de la UE, el mes pasado se alcanzó un acuerdo con los Estados miembros para proseguir el proceso de retirada y modernización en paralelo.
Al mismo tiempo, la Comisión lleva años trabajando con los Estados miembros para aclarar el contexto jurídico de los litigios en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía. En octubre de 2022, la Comisión envió una Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros en la que exponía su intención de entablar negociaciones sobre un acuerdo entre la Unión, Euratom y los Estados miembros en relación con la interpretación del Tratado sobre la Carta de la Energía que incluiría, en particular, la confirmación de que el Tratado sobre la Carta de la Energía no se aplica dentro de la UE y, por lo tanto, no puede servir de base para procedimientos de arbitraje.
La Unión se adhirió al Tratado sobre la Carta de la Energía con países socios de todo el mundo como parte de su política energética exterior. La oferta de arbitraje contenida en dicho Tratado nunca tenía por objeto suprimir el sistema de protección judicial establecido en virtud de los Tratados de la Unión. En su sentencia Komstroy, el TJUE reconoció que esta era la única manera adecuada de interpretar el Tratado sobre la Carta de la Energía.
