La Guardia Civil, durante sus primeras pesquisas recogidas en el sumario del caso Voloh, instruido por el juez Joaquín Aguirre de Barcelona, al que ha tenido acceso Diario16+, llega a la conclusión de que los implicados en el procés pretendían romper financieramente con España para construir una economía catalana independiente mediante el artificio de la nación digital y las criptomonedas.
La investigación se ha centrado en Víctor Terradellas, ex responsable de relaciones internacionales de la anterior Convergencia Democrática de Cataluña, hoy Junts.
Según la Guardia Civil, Terradellas “posee una información al alcance de pocos y la valoración que realiza de los mandos de los Mossos d’Esquadra [la policía autonómica catalana] podía ser transcendente para determinadas cuestiones”, en referencia al grado de lealtad de cada agente autonómico en el caso de que la Generalitat decidiera alzarse contra el Estado español incluso con una fuerza armada.
En esa línea, resulta llamativo que en uno de los registros policiales los agentes hallaran una libreta donde, entre otras cuestiones, aparecían anotaciones sobre la cúpula de mandos de los Mossos que son mencionados por sus nombres y apellidos, “detallando el cargo que desempeñan y con unas valoraciones de carácter marcadamente político”.
Al lado de cada policía aparecían notas valorativas como “patriotismo: determinación”; “capacidad de gestión carisma/gestión de equipos”; “lealtad institucional”; “vínculos políticos en partidos contrarios al procés”. “Terradellas clasifica como ‘catalanista’, ‘pusilánime’, ‘patriota’, ‘cobarde’, ‘vende humo’, ‘rojo’, ‘viene del CNP’ [Cuerpo Nacional de Policía], ‘PSOE’, ‘cuota femenina’, ‘muy españolista’, ‘muy religioso’, ‘lesbiana’, etcétera”.
Es en uno de esos audios entre Terradellas y David Madí, empresario, exsecretario de comunicación de Jordi Pujol, hombre de confianza de Artur Mas, y directivo de Aguas de Cataluña, donde aparece el asunto de las criptomonedas (un tipo de divisa alternativa o moneda digital):
“David Madí: Digo exactamente esto, aquí el salto de vuelta es que la Generalitat, como Administración Pública, acepte el pago en esta criptomoneda, que es el que te da…”
Víctor Terradellas: Uju…
DM: “Aaa… aaa… la fiabilidad… Y para dar un salto cósmico en todo esto…”
Madí llega a señalar como cerebro, directamente, a Carles Puigdemont, al asegurar, textualmente, que “en los planteamientos internacionales de cosas más peludas, Puigdemont le ha pedido que se ocupe Vinyals [en referencia a Xavier Vinyals Capdepon, presidente de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes desde el año 2000]. Vinyals también es empresario y fue cónsul en Letonia, cargo del que fue destituido por el Gobierno español en 2016 “por su perfil marcadamente independentista”, según el sumario.
Puigdemont, quien continúa huido de la Justicia, se encuentra en un serio aprieto con este turbio asunto de las criptomonedas, tal como se desprende de uno de los audios grabados a Terradellas: “Me lo explicó el Puigdemont cuando estuve… cuando estuve en Waterloo… la última vez… me estuvo explicando todo lo que estaban haciendo en base a criptomoneda”.
En un momento de la conversación, Víctor le dice a Madí que el propio ex president de la Generalitat le había informado de sus intenciones diciéndole: “Y entonces Puigdemont me habló mucho de la criptomoneda… Tenemos que ir para aquí… tenemos que ir para aquí…” Las criptomonedas se inspiran en el modelo de Estonia, donde la mayoría de los ciudadanos tienen una identidad digital.
Para poner en marcha toda la maquinaria financiera de la nueva República, los implicados recurrieron a Jaume Cabaní, un ingeniero industrial que se trasladó a Bélgica y que llegó a registrarse como informático en el edificio de Waterloo en el que actualmente reside el líder soberanista catalán.
Los implicados entienden que Cabaní es “un gran estructurador, gran cerebro y patriota de piedra picada”. El hombre perfecto para moverse en Internet en pos de la República digital. Según la Guardia Civil, la intención última de la trama separatista era “provocar un cambio en el modelo económico, transformando los recursos monetarios de los que puedan disponer en la actualidad, o en el futuro, en criptomoneda, con la finalidad de evitar las acciones de control de los poderes públicos”, es decir, escapar a la Hacienda española y al Banco Central Europeo. “Pueden prohibir la peseta, pero no pueden prohibir ir con bitcoins”, llega a decir en uno de los audios David Madí.
La Guardia Civil investiga en la trama puesta en marcha por Cabaní. Para los agentes resulta “extremadamente opaco desde el punto de vista financiero” constituir una sociedad en Estonia que presta servicios en Bélgica por un ciudadano español que recibe sus ingresos en cuentas bancarias de Alemania, máxime cuando parte de esos ingresos tuvieron su origen en subvenciones públicas para las que no tendría sentido implantar semejante entramado financiero.
