Las principales organizaciones de la cadena de valor del gran consumo han reclamado al Gobierno de Sánchez una mayor armonización con la UE de la regulación medioambiental. En particular, los principales actores del sector observan con preocupación los altos costes y los problemas de unidad de mercado que generan las discrepancias entre la normativa nacional y europea de envases y residuos de envases. Por ello, reivindican un marco regulatorio bien orientado, basado en estudios técnicos y que facilite la adaptación de las empresas al proceso de transición sostenible con el que toda la cadena de valor del gran consumo está comprometida.
Lograr una compatibilidad entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico
José Mª Bonmatí -director general de AECOC, Asociación de Fabricantes y Distribuidores-, Matilde García Duarte -presidenta de ANGED, Asociación Nacional de Grandes Empresas Disribución-, Ignacio García Magarzo -director general de ASEDAS, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados -, y Mauricio García de Quevedo -director general de FIAB, Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas-, han evidenciado la necesidad de lograr una compatibilidad entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico, a fin de asegurar que las normativas no supongan costes injustificados para las empresas y acaben por reducir su competitividad frente al resto de economías europeas.
600 modificaciones legales en materia de sostenibilidad
García Duarte ha recordado que, según datos de Eurocommerce, en la próxima legislatura europea se van a desarrollar 600 modificaciones legales en materia de sostenibilidad y que afectan al día a día de las empresas. «Esto es sencillamente inabordable, genera inseguridad y desincentiva la inversión a futuro». Ha señalado también que «la UE debería poner el foco en la mejora de la competitividad, que es el talón de Aquiles de nuestra economía. Sólo mejorando la productividad de las empresas podemos garantizar un crecimiento sano de nuestra economía a largo plazo, capaz de crear mejores empleos y proporcionar el máximo nivel de bienestar a sus ciudadanos». Sin embargo, el exceso de regulación y la fragmentación del mercado, explica que «generan unos altos costes para las empresas«.
Según la presidenta de ANGED, «ser los primeros de la clase a costa del mercado único tiene un coste altísimo», no sólo en el caso de los envases, si no en otras cuestiones como los puntos de recarga del coche eléctrico, el impuesto al plástico o el endurecimiento de la fiscalidad de los gases de refrigeración. Sostiene que «sin escuchar a las empresas no es posible impulsar cambios como la transición verde«, por eso ha insistido en que «es más necesario que nunca adaptar la regulación a la realidad de las empresas, crear un marco estable y seguro, coordinado entre Administraciones y con unos plazos de adaptación razonables».
