El agua es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas y no deben quedar sin acceso las personas que no puedan pagar la factura. Pero del dicho al hecho, va un trecho. Hasta ahora el escudo social decretado por el gobierno desde marzo de 2020 con motivo de la crisis sanitaria de la covid-19 ha permitido que las personas en situación de vulnerabilidad hayan estado protegidas frente a los cortes de agua y de otros suministros básicos.
Estas medidas, que garantizan los servicios de agua y prohíben los cortes de suministro a personas en situación de vulnerabilidad, se han prorrogado en seis ocasiones, estando en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero, ¿y después qué?, se preguntan los ecologistas.
La posibilidad de que este escudo decaiga, alertan de que supone una enorme preocupación para una de cada cuatro personas en la Comunidad de Madrid, población que actualmente se encuentra en situación de exclusión social según el Informe FOESSA 2022.
Las consecuencias de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania no hacen más que acrecentar esta situación, «dejando a muchas familias angustiadas sin saber cómo pagarán la deuda acumulada durante todos estos meses y cómo harán frente a las facturas cuando el escudo social decaiga en diciembre».
«Agua y Saneamiento, derechos humanos básicos para la vida»
Por esta razón, las organizaciones Por esta razón, las organizaciones Amigos de la Tierra, ATTAC, CC OO Madrid, CGT Madrid-CLMEX, CAUM, Club Debates Urbanos, Coordinadora Vivienda Madrid, Corazón Verde Chamberí, Ecologistas en Acción de Madrid, FACUA, FRAVM, FNCA, GRAMA, Jarama Vivo, Marea Azul, Observatorio Patrimonio Sierra de Guadarrama, ONGAWA, Parque Sí Chamberí, PCPCYII, RAPM, UGT Madrid y USO, han promovido la campaña «Agua y Saneamiento, derechos humanos básicos para la vida», porque creen que «no es de recibo estar poniendo parches temporales a la situación crítica de las personas en situación de vulnerabilidad». Consideran que «es necesario pasar de medidas paliativas a otras estructurales que garanticen el derecho humano al agua prohibiendo los cortes de suministro y asegurando el suministro de un Mínimo Vital para beber, cocinar y satisfacer las necesidades de higiene personal y doméstica para todas las personas en situación de vulnerabilidad».
Asimismo, creen que es necesario comenzar a tomar medidas desde las administraciones públicas que están más cerca de la ciudadanía, como ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Por eso solicitan a la Asamblea de Madrid que promulgue una Ley que garantice el suministro mínimo vital de agua y prohíba los cortes de agua a las personas en situación de vulnerabilidad.
