Ecologistas en Acción presentó hace ya cuatro años un total de 207 alegaciones al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Bahía de Cádiz, «sin que hayamos tenido contestación directa por parte de la Junta de Andalucía, a pesar de ser una obligación legal y haberlo requerido expresamente en varias ocasiones a los máximos responsables de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul (CSMAyEA)».
Las alegaciones tenían un doble objetivo: blindar la protección del parque natural ante la «desregulación que viene imponiendo la Junta de Andalucía», según la organización ecologista, y ampliarlo a espacios colindantes de gran valor ecológico. Sin embargo, la Junta de Andalucía, dicen, ha optado por el desarrollismo económico sobre la conservación de sus importantes valores naturales.
En el Parque Natural Bahía de Cádiz se pretende impulsar la acuicultura intensiva, que genera importantes impactos ecológicos. Ecologistas en Acción propuso que sólo se permitiera en este parque natural la acuicultura extensiva de estero, que aprovecha los ciclos y recursos naturales y goza de una merecida fama. La Junta lo desestimó. Por eso consideran que «es de una enorme gravedad que el PORN mantenga como suelo urbanizable de equipamientos de la Universidad de Cádiz (UCA), en realidad destinado a un polígono industrial, el amplio espacio entre la antigua N-IV y el Pinar de la Algaida en Puerto Real, desestimando la alegación que presentamos en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC), que determina que todo el parque natural, al formar parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea (UE), debe clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección«.
Ante ello, la organización recuerda que ya advirtió en la Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz, celebrada el 3 de mayo de 2021, mediante voto particular, que, en caso de seguir manteniéndose como suelo urbanizable terrenos en Red Natura 2000, como es el caso del Parque Natural Bahía de Cádiz» presentaría recurso judicial contra la aprobación del PORN que así lo mantenga, en base a la jurisprudencia existente. Y así lo va a hacer, pues considera «insólito, y de una extrema gravedad, la insumisión de la Junta de Andalucía a las sentencias del TS y del TC.»
Según Ecologistas en Acción, tras esta contundente jurisprudencia, la Junta de Andalucía recabó un informe de su gabinete jurídico, con la esperanza de encontrar un resquicio para justificar su incumplimiento. El informe, que fue ocultado por el delegado de la CSMAyEA en Cádiz, concluye que «todos los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 no sólo deben mantenerse como excluidos de su transformación por la actuación urbanística, sino que, dentro de la situación del suelo rural, deben ser encuadrados en la categoría de mayor nivel de protección». Y por otra parte, «ante la nueva situación que ofrecen tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, por razones de seguridad jurídica ex art. 9.3 CE, no parece que pueda autorizarse una transformación urbanística supeditada a un procedimiento de evaluación ambiental».
Con el actual Decreto, la Junta estaría burlando, incluso, a su propio servicio jurídico.
La CSMAyEA también rechazó la propuesta de ampliación del parque natural a, entre otros espacios, las dos mayores salinas de la Bahía de Cádiz (Cetina y Santa María), las Aletas, la orla de pinares -que incluye el bosque de mayor biodiversidad de la provincia, la Dehesa de las Yeguas-, el istmo del tómbolo de Cádiz y diversas zonas ya protegidas por la UE e incluidas en la Red Natura 2000 como son los fondos de la Bahía, el salado de San Pedro y una amplia zona marina. Esta ampliación hubiera supuesto incorporar al parque natural un total de 14.899,7 hectáreas, un 141,6% más. El parque natural pasaría de las 10.522 actuales, a 25.421,7 hectáreas. «La Junta se ha opuesto a esta ambiciosa propuesta de protección de la totalidad de espacios naturales de la Bahía de Cádiz», denuncian los ecologistas, al tiempo que tachan de «muy lamentable que unas propuestas técnica y jurídicamente rigurosas, y solventes desde el punto de vista científico, se hayan rechazado sin analizarlas y sin responder de forma argumentada, como marca la ley. Queda en evidencia que la CSMAyEA se opone a la ampliación de este parque natural y de otros por una decisión política miope, sin base jurídica ni científica».
Por último, añaden que «estos despropósitos son un ejemplo más de la revolución gris del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que prima el desarrollismo económico sin importarle cómo afecta a nuestros espacios naturales, que son una seña de identidad de Andalucía, que es la región más biodiversa de Europa».
