El proyecto de un hotel de 30 habitaciones y 70 plazas de aparcamiento en la playa de los Genoveses, en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, va camino de convertirse en el segundo Algarrobico. Greenpeace ha vuelto a recordar que este tipo de proyectos están completamente desalineados con las políticas andaluzas que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, señala como de “revolución verde”. El proyecto supondría duplicar la capacidad de pernoctación en esta zona del Parque Natural, incrementando la carga de desplazamientos en una carretera que no fue concebida a tal efecto, lo que incidirá negativamente en su conservación.
La organización explica que el proyecto «retoma la bandera ambiental de la época del ladrillazo en la costa, donde las autorizaciones ambientales quedan bajo el paraguas de la supuesta declaración de interés público de un proyecto, primándose así el desarrollo urbanístico sobre la valoración de los impactos ambientales. La desfachatez de la Junta de Andalucía es tal que se aferra a su Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía para señalar el interés público del proyecto, justo una ley que mejor se debería llamar la ley de todo el suelo es urbanizable porque apuesta por la desregularización del urbanismo y la apertura obscena de la urbanización en suelo rústico”, comenta Luis Berraquero, delegado territorial de Greenpeace en Andalucía.
De hecho, la organización ecologista, junto con Ecologistas en Acción, el Grupo Ecologista Mediterráneo, Salvemos Mojácar y la Asociación Amigos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, se personó como parte interesada en la tramitación en su día, alegando que en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el cortijo está situado en zona C1 del Parque, donde sólo están permitidos los cultivos agrícolas tradicionales, actividades forestales, cinegéticas y actividades e instalaciones de uso público y educación ambiental. «El proyecto no da argumentos sobre el interés social y público del hotel, con lo cual no puede autorizarse».
Las organizaciones locales estudiarán qué vías administrativas o legales aún se pueden recorrer para impedir el proyecto.
“En el contexto de la recuperación post-COVID 19, la Junta de Andalucía tiene otra oportunidad para demostrar si su aclamada revolución verde es o no postureo, poniendo en marcha una transición ecológica justa y real, pero por ahora con leyes como la Ley de Impulso del Territorio de Andalucía o los decretos de simplificación administrativa, va por muy mal camino”, subraya Berraquero.
