La baronesa andaluza impulsó la victoria de Sánchez frente a Madina y se aseguró una gran presencia de su federación en todos los órganos del partido. El nuevo líder y Díaz comenzaron a distanciarse muy pronto y provocaron un enfrentamiento que ha culminado en la guerra civil desatada esta semana. Nadie duda de que la operación para intentar acabar con Sánchez se gestó desde el PSOE-A, rama a la que pertenecen siete de los 17 dirigentes dimitidos y que aporta el 24% de la militancia y de los diputados en el Congreso.
Hay que remontarse al verano de 2014 para entender en su totalidad la crisis desatada esta semana en el PSOE. Pedro Sánchez fue elegido secretario general del partido el 13 de julio de hace dos años en un proceso abierto por primera vez a toda la militancia. Participaron cerca de 130.000 afiliados -el 67% del censo-, y prácticamente la mitad (48’7%) lo hizo para apoyar a Sánchez. Lejos quedaron los otros dos contendientes, Eduardo Madina (36’1%) y José Antonio Pérez Tapias (15’1%). El político madrileño ya había arrasado en la recogida de avales, gracias al madrinazgo que le brindó una Susana Díaz que movilizó al poderoso PSOE andaluz y tejió alianzas por toda España para llevar a Sánchez a la victoria sobre Madina.
La presidenta de la Junta tenía dos motivaciones para actuar así: el despecho hacia el diputado vasco, que con su determinación de luchar por el liderazgo frustró la aspiración de Díaz de ser elegida por aclamación; y la percepción de manejabilidad que despertaba un Sánchez hasta entonces desconocido para el gran público y a priori con menos personalidad que Madina. Con él al frente de la formación, pensaron quienes le promocionaron, sería fácil tener el control.
Díaz fue la presidenta del Congreso extraordinario que en julio de 2014 proclamó a Sánchez y renovó los órganos del partido
Los movimientos de Díaz estuvieron perfectamente calculados y es vox populi que incluyeron un pacto con Sánchez en virtud del cual éste ejercería un mandato de transición que implicaba no ser el candidato en las generales de 2015. Esa cuestión se abordaría al año siguiente, quedando patente la maniobra de la lideresa andaluza para colocar a un secretario general de paja susceptible de ser apartado cuando ella decidiera. Previsiblemente en la recta final hacia las siguientes legislativas. La imagen de tutelaje se acrecentó cuando lo primero que hizo Sánchez al ser proclamado sucesor de Alfredo Pérez Rubalcaba fue recibir a Díaz en Ferraz. Al día siguiente del Congreso extraordinario, madrina y ahijado llegaron a la sede del PSOE caminando juntos ante las cámaras, reforzando esa sensación de que los hilos del partido iban a estar manejados desde Sevilla en la nueva etapa.
Además, la baronesa andaluza se había asegurado enormes cotas de poder en los órganos del PSOE. Ella misma fue la presidenta del Congreso del 26 y 27 de julio, la que controló los tiempos de un cónclave que no solo tenía por objetivo proclamar a Sánchez, sino también reformar los estatutos para establecer las primarias como obligatorias en la elección del secretario general y, lo más importante, renovar las instituciones orgánicas. De la cita en el hotel Auditorium de Madrid salió una nueva cúpula socialista, con gran presencia del PSOE andaluz en todos los niveles.
Díaz hizo valer el peso de su federación (el 24% de los afiliados socialistas procede de allí) y su influencia sobre Sánchez para lograr amplia representación en la Comisión Ejecutiva Federal, el Comité Federal y la Comisión Federal de Ética y Garantías. Además, el recién aclamado líder designó a su valedora como presidenta del Consejo de Política Federal, ente donde se agrupan los secretarios regionales y que hasta entonces lideraba el asturiano Javier Fernández. El presidente del Principado, que había respaldado a Madina en las primarias, fue el gran damnificado del cónclave, aunque Sánchez trató de compensarle colocándole al frente de un órgano de nueva creación -el Consejo para la Transición Industrial y Energética- e incluyendo a dos asturianas, Adriana Lastra y María Luisa Carcedo, en la Ejecutiva. Fernández indicó al concluir el Congreso que apostaría por la “amnesia inmediata” para no generar tensiones.
La nueva dirección del PSOE (Comisión Ejecutiva Federal) fue votada por el 86’2% de los delegados -apoyo seis puntos mayor del que logró la de Rubalcaba dos años antes- y se componía de 38 miembros: 20 hombres y 18 mujeres. Sánchez pactó con los cuadros de su partido una Ejecutiva que contaba con 25 secretarías de área y 11 vocalías, además de la presidencia y la secretaría general.
El PSOE andaluz aportaba ocho dirigentes: la presidenta, Micaela Navarro; el secretario de Política Federal, Antonio Pradas; la secretaria de Sanidad, María José Sánchez Rubio; la secretaria de Formación, Estefanía Martín Palop; la secretaria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, María Luisa Faneca; la secretaria de Cooperación para el Desarrollo, Noemí Cruz; y los vocales Francisco Pizarro y Juan Pablo Durán. Algunos, como Navarro, Pradas, Rubio y Palop, estrechamente vinculados a Díaz. La presidenta de la Junta se garantizaba una influencia decisiva en la dirección de Sánchez, cuya composición elogió tras las críticas que vertieron Madina y Pérez Tapias, por considerarla poco integradora: “La Ejecutiva no tiene ni colores ni apellidos, sino que son grandes compañeros que, después de apoyar libremente a quien hayan querido, ahora tienen que apoyar al PSOE porque es la verdadera alternativa de izquierdas que puede tener España”.
Sánchez incluyó a ocho miembros del PSOE-A en su Ejecutiva, incluyendo la presidenta y cinco secretarios de área
Los delegados del Congreso también eligieron, como mandatan los estatutos, a una parte del nuevo Comité Federal, órgano superior de la formación. Se presentó una lista de 107 nombres que validó el 87’44% de los participantes en el cónclave y que incluía una amplia representación del PSOE andaluz. La encabezaba el expresidente de la Junta y mentor de Susana Díaz, José Antonio Griñán, y en ella figuraban otros muchos referentes de esa federación, como Manuel Chaves, Juan Cornejo, Gaspar Zarrías, Javier Barrero, Miguel Ángel Heredia, Mario Jiménez, Marta Rueda, José Luis Sánchez Teruel, María José Fernández Muñoz, Rosario Andújar o Juan Espadas. La mayoría se mantienen.
Un enorme destacamento que, unido a la cuota que le corresponde elegir al PSOE-A para cada reunión del Federal, descargó en el socialismo andaluz la hegemonía en el que es máximo órgano del partido entre congresos. Porque Díaz tiene en su tierra un sector crítico, donde se integran figuras como el senador sevillano Antonio Gutiérrez Limones o el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, pero no lo suficientemente importante como para poner en riesgo sus directrices.
Por último, el cónclave de julio de 2014 designó a los cinco miembros de la Comisión de Garantías, encargada de arbitrar los conflictos internos. Una de las elegidas fue la consejera de Hacienda y Administración Pública de Andalucía, María Jesús Montero. En la presidencia se situó la vasca Isabel Celáa, próxima a Patxi López y a Sánchez. Félix Bolaños, Wilfredo Jurado e Inés Ayala completaron un órgano que ha estado en el centro de la polémica en estos días de guerra civil. Montero, Jurado y Ayala figuran en el sector crítico, manteniéndose Celáa y Bolaños junto al líder. La mayoría la tienen los díscolos, con la consejera andaluza al frente, pero la potestad de convocar a la Comisión es de la presidenta. Los primeros entienden que han de mediar en la batalla interna y este viernes emitieron un dictamen favorable a disolver lo que queda de Ejecutiva y constituir una gestora; la segunda considera que no hay que intervenir. A Díaz se le escapó esa plaza, quizás era imposible hacerse con todo.
Omnipresencia del PSOE-A
La omnipresencia del PSOE-A en los órganos federales le garantizó a la baronesa información de primera mano de cada movimiento interno y capacidad de influir en todas las decisiones. No puede decirse que estuviera pensando en un golpe de mano como el que ha promovido esta semana contra Sánchez, principalmente porque entonces eran aliados, pero la rebelión contra el secretario general difícilmente podría haberse articulado sin esta red de ‘delegados’ andaluces que la baronesa tejió en 2014.
El sevillano Antonio Pradas ha ejercido de portavoz de los 17 dirigentes dimisionarios, poniendo rostro a una maniobra que nadie duda de que se gestó al sur de Despeñaperros. En el intento de tumbar a Sánchez participaron, además de Pradas, otros seis miembros del socialismo andaluz: Micaela Navarro -también presidenta del PSOE-A-, María José Sánchez Rubio -consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del Gobierno andaluz-, Estefanía Martín Palop -miembro del Comité Director del PSOE-A-, Noemí Cruz, Francisco Pizarro y Juan Pablo Durán. La secretaria de Agricultura de Ferraz, María Luisa Faneca, ha sido la única andaluza de la Ejecutiva que ha permanecido fiel a Sánchez.
Los socialistas andaluces lograron una amplia representación en la lista de 107 miembros del Comité Federal elegidos en 2014
Otro rostro de la rebelión ha sido la secretaria general del PSOE sevillano, Verónica Pérez. En su calidad de presidenta de la Mesa del Comité Federal -conquista adicional de Susana Díaz, su hermana política y mentora-, llegó a erigirse en “la única autoridad” de un partido cuya dirección consideraba disuelta al estar vacantes 20 de las 38 plazas que inicialmente la compusieron. Sánchez concedió tal cota de poder orgánico al socialismo andaluz que, al distanciarse de su secretaria general, dejó en sus manos la posibilidad de tumbarle. Ocurre que el movimiento empleado -la dimisión en bloque de media Ejecutiva- no es suficiente porque los estatutos no concluyen que el líder deba caer en ese caso. Sánchez se aferra a eso y planta cara a los críticos, con los que este sábado enfrenta otro combate en un Comité Federal dividido casi al 50% entre partidarios y detractores del secretario general.
Si de esa cita no sale un acuerdo para afrontar el futuro del partido, la guerra continuará y seguirá expandiéndose por cada rama del socialismo. Incluido un grupo parlamentario también muy fragmentado y donde el 24% de los diputados (20 de 84) es del PSOE andaluz. Díaz tiene un delegado en la dirección del grupo, Miguel Ángel Heredia, el secretario general, y otro en la Mesa del Congreso -Micaela Navarro es la vicepresidenta segunda-. Igualmente, su federación aporta el 32’5% de los senadores electos del partido (14 de 43) y tiene un total de 45.124 militantes, casi un cuarto de los 189.256 del censo socialista. Es sin duda la rival más poderosa que podría tener un Sánchez que no hubiera llegado a la cúspide del partido sin su apoyo.
Tras empezar a ‘matar a la madre’ en septiembre de 2014 al asegurar por primera vez que quería ser candidato a La Moncloa, se inició una deriva que ha acabado aislando al líder orgánicamente y quebrando al partido. Unos y otros apelan ahora a que las bases elijan nuevo secretario general, pero discrepan en los plazos a establecer y, sobre todo, en quién debe pilotar el proceso: una gestora o los dirigentes que no han dimitido. De fondo, y como catalizadora de la disputa, aparece la línea estratégica a seguir para tratar de evitar nuevos comicios -explorar una alternativa al PP o abstenerse ante Rajoy-. Si no llegan a un acuerdo, el conflicto puede acabar en los tribunales y alargarse hasta las hipotéticas generales de diciembre, donde el PSOE concurriría en dramáticas condiciones. Con Sánchez, con Díaz o con quien quiera que liderara la candidatura.
