El impacto de los delitos ambientales en el medio ambiente natural en Europa y el mundo se manifiesta en niveles crecientes de contaminación, degradación de la vida silvestre, reducción de la biodiversidad y alteración del equilibrio ecológico.

Los delitos contra el medio ambiente son muy lucrativos, pueden ser tan rentables como el tráfico ilegal de drogas, pero las sanciones son mucho más bajas y se procesan con menos frecuencia. Estos factores lo hacen muy atractivo para los grupos del crimen organizado. Por esta razón, la Comisión Europea acaba de adoptar una propuesta para una nueva Directiva de la UE encaminada a castigar los delitos ambientales, cumpliendo con un compromiso clave del Pacto Verde Europeo. El objetivo es aumentar la eficacia de la protección del medio ambiente obligando a los Estados miembros a adoptar medidas de derecho penal. Define nuevos delitos ambientales, establece un nivel mínimo de sanciones y refuerza la eficacia de la cooperación policial. También obliga a los países a apoyar y ayudar a las personas que denuncian infracciones medioambientales y cooperan con la aplicación. Esta propuesta ayudará a proteger la naturaleza y los recursos naturales, así como la salud y el bienestar públicos.

La propuesta, que se presentará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo, contribuye al Plan de Acción de Contaminación Cero , el Plan de Acción de Economía Circular y la Estrategia de Biodiversidad para 2030 y promueve el estado de derecho ambiental. Al tiempo, sigue a la publicación en 2020 de la evaluación de la Comisión de la Directiva sobre delitos ambientales de 2008, cuyos resultados indican que el número de casos ambientales procesados ​​con éxito fue bajo, las sanciones insuficientes para ser disuasorias y la cooperación transfronteriza débil.

Nuevos delitos

Se establecen nuevos delitos ambientales en la UE, incluido el comercio ilegal de madera, el reciclaje ilegal de buques o la extracción ilegal de agua. Además, la propuesta aclara las definiciones existentes de delitos ambientales, proporcionando una mayor seguridad jurídica. Asimismo, se plantea un mínimo común denominador para las sanciones por delitos ambientales. Cuando un delito cause o pueda causar la muerte o lesiones graves a cualquier persona, los Estados deben prever al menos una pena de prisión de hasta diez años. El proyecto de directiva también plantea sanciones adicionales , incluida la restauración de la naturaleza, la exclusión del acceso a la financiación pública y los procedimientos de contratación o la retirada de permisos administrativos.  

Para el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus  Sinkevičius, «los delitos ambientales causan daños irreversibles y a largo plazo a la salud de las personas y al medio ambiente. Sin embargo, son difíciles de investigar y llevar ante la Corte, mientras que las sanciones tienden a ser débiles. Por eso necesitamos fortalecer nuestro derecho penal ambiental. En un momento en que la comunidad internacional discute el delito de ecocidio, un alto nivel de protección ambiental no solo es importante para las generaciones presentes sino también para las futuras, ya que redoblamos nuestros esfuerzos para combatir la degradación ambiental ”.

La investigación y el enjuiciamiento transfronterizos es otro aspecto que se verá reforzado por la nueva directiva. A menudo, los delitos ambientales afectan a varios países, como en el caso del tráfico ilícito de vida silvestre o la contaminación transfronteriza del aire, el agua y el suelo. De ahí quelas autoridades policiales y judiciales solo pueden abordar estos delitos cuando trabajan juntas a través de las fronteras.

La Comisión seguirá apoyando a los Estados ofreciendo a los agentes del orden y sus redes profesionales una plataforma para debates estratégicos proporcionándoles asistencia financiera. Por último, dado que los delitos contra el medio ambiente son un fenómeno mundial, la Comisión seguirá promoviendo la cooperación internacional en este ámbito.

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