Todo comenzó en 2007. Fue entonces cuando se proyectó la construcción de esta isla artificial de 7.000 hectáreas en el embalse de Valdecañas, situado entre los municipios de El Gordo y Berrocalejo, Cáceres. Un complejo turístico que se compone de 180 villas de lujo (más 57 inacabadas) , una playa, un hotel y un campo de golf. Ahora se cumplen 14 años desde que Ecologistas en Acción iniciara un proceso administrativo y judicial contra la urbanización que se diseñó en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.
Ni los propios ecologistas son capaces de encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística, europea, estatal y autonómica, como este: varias sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), del Supremo y del Constitucional, e incluso con informes del CSIC que avalaban la necesidad de demoler esta urbanización ilegal. Por eso, les sorprendió el auto del TSJEx de 30 de junio de 2020 en el que se declaraba la imposibilidad material de demoler los edificios ya terminados, limitándose a eliminar los que estaban a medio construir, en contra de los propios estudios científicos que se habían realizado en el proceso.
«Para Ecologistas en Acción, con aquel auto se podía instaurar un peligroso precedente: ante vulneraciones palmarias de la legislación urbanística y ambiental, la política de hechos consumados tiraría por tierra toda la normativa urbanística y de espacios protegidos, como la Red Natura 2000. Efectivamente, los mismos razonamientos del TSJEx serían aplicables a muchas obras ilegales, declarándose luego imposible su demolición por el impacto socioeconómico que pudiera provocar. Carta blanca para construir de forma ilegal permitiendo la transformación urbanística de suelos especialmente protegidos«, explican desde la organización.
Por eso, decidieron recurrir este auto en casación ante el Tribunal Supremo. Hoy se felicitan por la sentencia «que sin duda supone que prevalezca el cumplimiento de la ley, el interés general de la ciudadanía y el respeto al medio ambiente. Con tan profusión de sentencias en contra lo único injustificable era la intención del TSJEx de evitar la demolición, aludiendo a su imposibilidad material, algo que corrige ahora el Tribunal Supremo de manera contundente: la urbanización debe ser demolida».
Fianza de 41 millones de euros para los ecologistas
Ecologistas en Acción enfatiza que este largo proceso judicial y todos los gastos que va a acarrear se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012, cuando dictó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas. En cambio, «en lugar de proceder de ese modo, condicionó la paralización a que las organizaciones ecologistas demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción en aquel momento) depositaran una fianza de 41 millones de euros, algo disparatadamente fuera de su alcance». Por eso renunció a la indemnización de 250.000 euros que fijó el TSJEx y se mantuvo firme en sus denuncias.
Fernández Vara: “ es un traspiés, pero no un obstáculo insalvable”
A pesar de la petición de los ecologistas para que «la Junta de Extremadura que pida disculpas por su nefasta y cuasi prevaricadora gestión de este asunto. Y desde luego, que atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas», la primera aparición pública del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras hacerse pública la sentencia, ha sido una rueda de prensa ex profeso para anunciar que la Junta de Extremadura seguirá intentando “salvar” el proyecto de Valdecañas y que, una vez se conozca la sentencia, lo más probable es que se presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que ha mostrado su preocupación con los trabajadores del complejo pero sin dejar de recordar y comprometerse a que “en ese mismo entorno y muy cerca de ahí” va a haber “mucho empleo”.
El lapsus de las baterías
Fernández Vara ha señalado que hace algunos años esta sentencia habría supuesto “un mazazo colectivo irreversible” pero hoy no, ya que el progreso de la región “no depende de un solo proyecto” sino que hay muchos otros que están ya en marcha, entre los que ha mencionado la construcción de centros logísticos, polígonos inteligentes, fábricas de baterías, de cátodos, de diamantes para semiconductores, de transformadores, industrias agroalimentarias, un macromatadero, proyectos hoteleros y mucho suelo industrial, entre otros. Pero al tiempo que sacaba pecho por las fábricas de baterías y cátodos y enumeraba todo un catálogo de actuaciones, olvidaba el proyecto de explotación minera que la empresa Lithium Iberia pretende desarrollar en la Dehesa de Las Navas y que sigue generando rechazo social en los municipios de la comarca.
Elysium City, próxima parada
El pasado jueves el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba que la Junta de Extremadura ha aprobado inicialmente el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Ejecución de la Gran Instalación de Ocio (POITEGIO) de la iniciativa presentada por Castilblanco Elysium Corporation, con relación al Decreto 78/2020, de 23 de diciembre, por el que obtuvo la calificación como Gran Instalación de Ocio, y cuya resolución se publica este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Según Ecologistas en Acción, «esperamos que está sentencia sea un aviso para navegantes de cara a la proyectada construcción de un complejo de ocio en La Serena, Elysium City, donde también se pretende urbanizar varias zonas protegidas«.
La Marbella extremeña
Todo un rosario de nombres de familias adineradas y famosos ha aflorado a la raíz de la sentencia de derribo de Marina Isla de Valdecañas. Unos llegaron a adquirir vivienda y otros coquetearon con la posibilidad de invertir. Entre ellos, el cantante Carlos Baute, el sobrino del rey emérito, Beltrán Gómez-Acebo, José María Aznar Jr o Jaime López Ibor, sobrino del empresario Alberto Alcocer.
