El 13 de noviembre de 2002 el buque petrolero Prestige enciende todas las alarmas, comenzando un tortuoso recorrido durante una semana hasta que finalmente se partió en dos y se hundió a 250 kilómetros de la costa gallega en el entorno del Banco de Galicia, una zona actualmente protegida y de gran importancia ambiental. Ahí comenzó la tragedia en la que se vertieron 64.000 toneladas de fuel que transportaba.
“En 2002, se cumplían 10 años de la catástrofe del Aegean Sea en la costa coruñesa. No podíamos creer que volviese a ocurrir un accidente de nuevo en Galicia, tras las reiteradas catástrofes ambientales que había sufrido nuestra costa. Pero lo que sucedió a continuación con el Prestige superó cualquiera de nuestras peores pesadillas”, comenta Raul Garcia, coordinador de pesquerías en WWF España.
Desde el inicio de la catástrofe del Prestige, más de 23.000 aves fueron recogidas muertas. Pero, dada la amplia extensión geográfica de la contaminación y el largo periodo de tiempo, la mortalidad total se estima que pudo afectar a 250.000 a 300.000 aves. Asimismo, se calcula que más de 4.000 pescadores y más de 28.000 personas empleadas en industrias asociadas fueron afectadas por esta catástrofe. Y las áreas de pesca se vieron seriamente impactadas. Las organizaciones locales de la Costa da Morte reportaron un descenso del 80% de sus capturas habituales (marisco y pesca costera), con graves consecuencias económicas y sociales.
Mientras el chapapote se pegaba a las rocas y playas, miles de voluntarios acudieron a ayudar como pudieron en la mayor catástrofe ambiental a nivel nacional.
“La catástrofe del Prestige mostró a la sociedad española, y especialmente al sector pesquero, la vulnerabilidad del océano ante la actividad humana. Desde entonces muchas cosas han cambiado; se ha incrementado la protección marina, la gran presión social permitió cambios legislativos importantes en la seguridad marítima. Sin embargo, la justicia ha tardado casi 20 años en depurar responsabilidades, aunque estas nunca llegaron al estamento político, no conocemos las consecuencias ambientales a largo plazo de la catástrofe. La gran pregunta es si estamos preparados para afrontar un nuevo accidente de esta magnitud”, reflexiona Raúl García.
