La Comisión Federal de Comercio norteamericana dice no tener una idea predeterminada de si la economía colaborativa “es buena o mala”, pero quiere saber si los datos personales de los usuarios están protegidos y qué usos hacen de ellos las plataformas.

Los fans de las plataformas online de economía entre pares (peer to peer, en inglés) son legión. Los millones de usuarios que por todo el mundo tienen portales como Airbnb, Uber u otros de eso que nos ha dado por llamar economía colaborativa tienen por lo general una magnífica opinión de su servicio, encuentran muchas ventajas y ven claro el ahorro que consiguen en relación a otras formas de alojamiento o de transporte.

Y, como contraparte, las críticas sobre competencia desleal e intrusismo se multiplican entre los damnificados por estas nuevas fórmulas, los intentos de regular unos servicios en meteórica expansión van incrementándose (en muchos casos, al calor del cabreo) y también corren de boca en boca, o de tuit en tuit, todo tipo historias, reales o no, sobre los peligros que para los usuarios tiene esta modalidad de negocio.

En España (no sólo aquí, pero también), Uber ha sido el objeto de la ira del hiperregulado y sobregravado sector del taxi, que lo ve como una fórmula que simplemente se cuela en su negocio por la puerta de atrás gracias a no tener que cumplir ninguna regulación y enmascarándose como un servicio de coche compartido, cuando no lo es. Y contra Airbnb y otras plataformas de alquiler de viviendas vacacional como Homeaway o Wimdu se está levantando el sector turístico nacional (con los hoteleros a la cabeza) por razones similares.

En Estados Unidos, donde las suspicacias entre los sectores afectados son más o menos similares (con los matices de ser el reino del libre mercado, o eso se dice), las autoridades de competencia se han decidido a poner bajo su lupa a Uber, Airbnb y otros adalides de la economía colaborativa. La Comisión Federal de Comercio norteamericana (FTC) se dispone a analizar algunas de las facetas más sensibles de la actividad de las plataformas, singularmente el uso que hacen de los datos personales de sus usuarios y las garantías de compensación en caso de que haya un problema.

Protección de datos y responsabilidades

“Queremos ver cómo podemos regular estos nuevos modelos de negocios y hacerlo de tal manera que protejamos a los consumidores y no impidamos la innovación”, explica en Financial Times Marina Lao, directora de la oficina de planificación de la Comisión Federal de Comercio de EEUU.

“Queremos ver hasta qué punto las plataformas de economía colaborativa pueden tener monitorizados a sus usuarios recopilando, por ejemplo, sus datos de localización. Y si los monitorizan, cómo lo están haciendo para proteger adecuadamente la privacidad de sus usuarios”, apunta la ejecutiva, al tiempo que subraya que el organismo iniciará su investigación “con la mente abierta, no tenemos una idea preconcebida de si la economía colaborativa es buena o mala”.

Según Financial Times, el organismo supervisor norteamericano también está interesado en conocer de qué manera funcionan los sistemas de valoración y de confianza sobre los proveedores del servicio (conductores, propietarios de apartamentos…) por si pudiera suponer un problema para la protección de datos personales.

Y, del mismo modo, la FTC tiene en su punto de mira qué responsabilidad es exigible a las plataformas en caso de lesión u otro problema con el servicio. Los portales hasta ahora esgrimen su condición de mero intermediario y que su función es la de un tablón de anuncios en la que un cliente y un oferente se ponen en contacto. Las autoridades de competencia norteamericanas parece que no lo tienen tan claro.

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