Borondo y Guadalquitón son las dos fincas litorales que se añadieron al Parque Natural Los Alcornocales en la ampliación que se aprobó en 2017. La primera de ellas ocupa unas 300 hectáreas, en un lugar privilegiado, con playa frente a Gibraltar. Desde el punto de vista forestal, está bastante deteriorada, con amplias repoblaciones de eucaliptos y pinos, que están en mal estado. Es propiedad de la empresa catalana Carbonell Figueras S.A. donde la promotora de la urbanización, del mismo grupo, es Borondo 2000 S.L.

Esta empresa está promoviendo un complejo turístico denominado “Alcornocales Borondo Reserva Ambiental”. Con la apariencia de un urbanismo de bajo impacto, según Ecologistas en Acción, «la realidad es que este proyecto incluye la construcción de edificios e instalaciones con una superficie de 59.040 m², que incluyen 263 cabañas de lujo, 6 albergues-hoteles de 700 m² y 30 habitaciones cada uno; sumando un total de 2.435 plazas turísticos. Además, el proyecto contempla la construcción 6 aulas de naturaleza, un pabellón de acogida, un centro de interpretación del parque natural y otro de multiaventuras, numerosas pistas, un parque solar, establos, instalaciones deportivas, etc., que ocuparían en total más de 100.000 m2».

Finca no urbanizable

Esta finca del Parque Natural está declarada como no urbanizable en el PGOU de San Roque, está incluida en la Red Natura 2000, red que el Tribunal Constitucional ha determinado que debe mantenerse como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, exceptuándola de cualquier proceso urbanístico.

Ecologistas en Acción entiende que «sería un precedente muy peligroso urbanizar una finca declarada no urbanizable, de la Red Natura 2000, y en un parque natural. Si se aprueba este proyecto, se podría generalizar, y en cualquier finca forestal de un parque natural se podrían construir decenas de instalaciones turísticas y cientos de cabañas». Además, todo ello ocurriría «en un litoral urbanísticamente masificado. Este proyecto supondría más presión turística en una de las pocas zonas que se han salvado del cemento en el litoral mediterráneo de la provincia de Cádiz. Basta destacar que el proyecto prevé 766.500 visitas anuales y 620.500 pernoctaciones al año. Una desmesura», apuntan.

Finca de Borondo

Anuncian alegaciones al proyecto

La organización ha valorado positivamente la transparencia de la empresa propietaria, «que ha presentado el proyecto a las diferentes administraciones y colectivos sociales» y que se quiera romper con el modelo urbanístico de cemento y hormigón de la Costa del Sol, «pero que las viviendas previstas sean de madera no modifica el hecho de que se pretenda urbanizar una finca no urbanizable en un parque natural».

Por todo ello, ha anunciado que presentará alegaciones mostrando su oposición a este proyecto turístico-urbanístico, «defendiendo que se mantenga esta finca y la colindante de Guadalquitón como fincas forestales, excluyéndolas de cualquier proceso de urbanización».

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