En tan sólo diez años las licitaciones de obras del departamento de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han pasado de casi 235 millones de euros a los 75,8 millones actuales. La Dirección General del Agua presenta los descensos más acusados tras dejarse más de 166 millones en sólo dos legislaturas.
La ingeniería civil es una de las ramas que más ha notado la crisis económica debido a su dependencia natural de las inversiones públicas. En este contexto, los proyectos públicos que promociona tanto el Ministerio de Fomento como el de Agricultura son fundamentales.
Sin embargo, la fotografía del antes y del después de la recesión es radicalmente diferente: desde 2006 se han reducido las licitaciones de obras públicas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en un 70%, es decir, se ha pasado de invertir anualmente unos 234,9 millones de euros a tan sólo 75,8 millones, según los datos del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex).
Este descenso de los recursos públicos viene acompañado de un grave desequilibrio en los criterios de valoración de las subastas. La norma general en estos casos es que prime el precio sobre la calidad técnica de los proyectos, generando la proliferación de la “ingeniería low cost” en España.
“La ingeniería low cost no es algo exclusivo del Ministerio de Fomento, sino que está generalizada en la Administración como en el caso del Ministerio de Agricultura, que cree ahorrar dinero a las arcas públicas adjudicando la ingeniería a la oferta más barata”, señala Fernando Argüello, director general de Fidex.
Este es el caso de entidades dependientes de la cartera de Agricultura como Acuamed, en cuyas subastas se otorga un 80% de peso al precio, ignorando la normativa europea que reconocía recientemente el carácter intelectual de los trabajos de ingeniería de forma que la calidad quede por encima del precio.
“El contribuyente debe saber que ese supuesto ahorro inicial suele provocar un sobrecoste posterior en la obra entre 30 y 50 veces mayor que el ahorro conseguido en el proyecto”, añade Fernando.
El problema del agua
Dentro de las competencias y áreas que abarca la cartera de Isabel García Tejerina, la Dirección General de Agua es la que se ha visto más comprometida con estas desinversiones, al pasar de 180 millones en licitaciones durante la legislatura 2008-2011 a 13,5 millones en la última legislatura.
Además, el reparto temporal de los recursos en la última legislatura ha sido muy desigual; en 2015 se abrieron concursos por valor de 12,8 millones de euros, mientras que en el conjunto de los tres años anteriores se licitaron proyectos por valor de apenas 700.000 euros.
Lo más grave es que estos recursos no se han destinado a la construcción de nuevas infraestructuras o a la mejora de las existentes, sino a solucionar el problema de las obras pendientes.
La Comisión Europea ya abrió hasta tres procedimientos de infracción contra España por el incumplimiento de los objetivos en materia de depuración de aguas. Actualmente faltan alrededor de 600 depuradoras para cumplir con las normas que regulan la calidad de las hidrográfica.
