Milano real envenenado muerto en la copa de un árbol. Foto: Marcelino Cardalliaguet-SEO/BirdLife

Durante un encuentro on line, SEO/BirdLife, SPEA, el Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), han expuesto y compartido los avances en la implementación de alguna de las medidas desarrolladas en el marco del programa LIFE Guardianes de la Naturaleza dirigidas a aumentar la eficacia y la efectividad de la lucha contra los delitos ambientales y establecer puentes de colaboración entre ambos países.

Metodología de valoración de fauna silvestre

Una de las cuestiones que se ha tratado ha sido la necesidad de implementación en la Península Ibérica de una metodología común de valoración de fauna afectada por acciones ilegales, de la utilización de valores fijos y homogéneos que determinen el coste de reparación del daño causado por delitos e infracciones ambientales a la fauna silvestre protegida. SEO/BirdLife y SPEA han elaborado una propuesta desde el programa LIFE Guardianes de la Naturaleza «que se basa en un método objetivo de cálculo que utiliza diversos factores en función del tipo de daño causado, el estado de conservación de las especies, sus condicionantes biológicos y el coste estimado de detección de la infracción cometida, dando como resultado valores de las distintas especies que cumplan con un criterio de proporcionalidad», explican desde SEO/Birdlife

La metodología, que tiene influencia del denominado método MORA adoptado en el marco de la Ley de Responsabilidad Ambiental, ha sido adaptada a la situación en España por el MITECO, que ya la ha presentado a las administraciones regionales y trabaja para su adopción a nivel nacional. Ha sido precisamente la administración española la que ha expuesto esta metodología y los pasos realizados a sus homólogos portugueses, para poder colaborar en su implementación en el país vecino, mostrando el ICNF su interés en ello.

Diferencias de sanción entre CCAA y Estados

Hasta ahora, matar un ejemplar de fauna silvestre protegido en España no cuesta lo mismo en una CCAA que en otra, ni en un Estado miembro de la UE que en otro, como Portugal, aunque se trate de la misma especie. «En España no existe una normativa estatal básica que establezca la valoración de especies en función de un baremo económico uniforme y ajustado a criterios conocidos, y que permita tanto establecer el importe de la responsabilidad patrimonial en caso de atentado a las especies de fauna, como las sanciones administrativas o penales que corresponda imponer». Sí existen algunas normas autonómicas que incluyen la valoración económica de especies protegidas, «pero ni se refieren al mismo ámbito de especies, ni se pueden calificar como homogéneas, existiendo espectaculares disparidades de valoración para las mismas especies. Como ejemplo, quien mate un águila imperial ibérica, especie catalogada en Peligro de Extinción, en Albacete deberá pagar 60.000€, 700.000 pesetas si lo hace en Murcia o 30.000€ si el acto tuvo lugar en Jaén, siendo la misma especie».

Según David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, “El establecimiento de una normativa y criterios homogéneos para valorar el daño producido a la fauna en España y Portugal es una cuestión de justicia y equidad. Su adopción a nivel nacional y de la UE garantizaría una misma valoración de las especies, y las mismas consecuencias, a la hora de la imposición de sanciones o fijación de indemnizaciones por la comisión de actos ilegales contra ellas”.

Base de datos sobre mortalidad no natural de fauna

La creación e implantación de bases de datos que recopilen información sobre las distintas especies y causas de mortalidad no natural que las afectan, incluidas las que tienen un origen ilícito, es otro de los puntos tratados. Desde el LIFE Guardianes de la Naturaleza «se ha trabajado en el diseño de estas herramientas y se ha colaborado desde SEO/BirdLife con el MITECO y la empresa pública Tragsatec en el diseño de un sistema de recopilación de información de mortalidad accidental (SICMA)». Son precisamente los avances en la implementación de este sistema los que se han expuesto por la empresa pública, con el objeto de poder establecer un sistema similar en Portugal.

La recopilación de esa información es de vital importancia para conocer las diferentes causas de mortalidad que afectan a la fauna silvestre, determinar el impacto que suponen y adoptar medidas y políticas dirigidas a mitigar el impacto en las poblaciones de especies protegidas.

En relación a esta medida, SEO/BirdLife ha expuesto la aplicación para registrar la mortalidad en infraestructuras, que permite, a través de la ciencia ciudadana, tener información sobre el impacto que generan algunas de esas infraestructuras como carreteras, vías de tren, tendidos eléctricos, parques eólicos o solares, cristaleras o incidencias lumínicas. Se trata de un programa de seguimiento de la ONG que sirve para identificar puntos de especial incidencia sobre la fauna y poder revertir su peligrosidad.

Compromiso de las administraciones española y portuguesa

El MITECO y el ICNF han señalado la importancia de trabajar coordinadamente en el desarrollo de medidas comunes contra los delitos que afectan a la fauna. Desde ambas administraciones «se trabajará conjuntamente para el desarrollo de una metodología de valoración de fauna y sistemas integrados de recopilación de información sobre agresiones a los animales silvestres. Para ello, desde el MITECO se facilitará a la administración portuguesa asesoría y la información técnica que se ha venido desarrollando en esas materias».

Para David de la Bodega, “el encuentro ha sido muy fructífero para avanzar en la adopción de medidas comunes frente a los delitos ambientales entre España y Portugal. La fauna silvestre de ambos países no conoce fronteras y se ve afectada por similares causas de mortalidad. La cooperación entre ambos países y la adopción de medidas comunes, como las que se han expuesto en el encuentro con las ONG y sus administraciones ambientales, sin duda contribuirán a la mejora de la efectividad y la eficacia de la lucha contra la criminalidad ambiental”.

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