Ecologistas en Acción ha desplegado una serie de acciones coordinadas en todo el Estado. Foto: Ecologistas en Acción

La Ley General de Telecomunicaciones del 28 de junio no atiende los cientos de alegatos proteccionistas presentados, según las organizaciones sociales y ambientales. Critican que se ignore el principio de precaución y la evaluación ambiental del 5G solicitada por el dictamen del Defensor del Pueblo a nivel estatal. «No aplica la actual normativa de evaluación ambiental ni las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa , tomando todas las medidas razonables para reducir la exposición a campos electromagnéticos”. Tampoco tiene en cuenta los hallazgos y recomendaciones del estudio del Panel STOA del Parlamento Europeo, que cuestiona los límites de exposición a la radiofrecuencia en los que se basa la ley y pide una moratoria en el despliegue 5G, así como la reducción de la exposición a la radiofrecuencia.

Por otro lado, dicen que ignora y no evalúa el aumento progresivo del consumo energético de las redes, donde el 5G tendría un «fuerte impacto» en la huella de carbono y el cambio climático, según el Alto Consejo para el Clima (HCC , Francia 2020), así como la Comisión Iberoamericana para la Protección Radiológica de los Campos Electromagnéticos (CIPRACEM, 2021), que aconseja a las autoridades apostar por internet por cable con redes de fibra óptica, «muy superiores a las inalámbricas en velocidad, seguridad y costo».

Asimismo, la ley estaría violando los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental. «Liberaliza y desregula las telecomunicaciones: impide la autorización previa, fomenta la opacidad de los proyectos e impide conocer la ubicación de las antenas 5G o el «punto de acceso inalámbrico para áreas pequeñas», comentan.

En cuanto al principio de transparencia o los conflictos de interés , contemplados en la Ley General de Salud Pública, tampoco se abordan y permite seguir avalando informes de organizaciones lobbistas como el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) o la ICNIRP, cuestionados por conflictos de intereses en los ámbitos científico y social por el Parlamento Europeo.

Sin competencias autonómicas, ni municipales

Las competencias autonómicas y municipales se eliminan. Les impide expresamente aplicar las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que no ha sido cumplida por el Estado español. «Se inhabilita, en este campo, para la aplicación de lo dispuesto en el Título VIII de la Constitución, la Carta Europea de Autonomía Local y las normas básicas de régimen local, donde los municipios tienen sus propias competencias (urbanismo, salud y medio ambiente), así como así como, entre otros, los de vigilancia de la salud reconocidos en la Ley General de Salud Pública», destacan.

Niños y jóvenes invisibilizados

La nueva ley tampoco trata el conocimiento actual ni las estimaciones futuras de los impactos del uso innecesario de tecnologías y «pantallas», especialmente en niños y jóvenes, pues no incluye pautas para un uso responsable y seguro.

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