La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha propuesto a las diputaciones provinciales, a los consorcios de residuos y a los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid la firma de un Convenio para incinerar todos los residuos de los centros de tratamiento (CTR) de residuos domésticos en “una única planta de valorización que preste servicio a toda la Comunidad, desechando, por ineficiente, la posibilidad de diseminar una serie de plantas de menor tamaño por distintos puntos de la geografía regional”.
El Anexo I del borrador de Convenio, al que ha accedido Ecologistas en Acción, cuantifica la capacidad mínima de la incineradora en 350.000 toneladas anuales de residuos domésticos, el 40 % del rechazo generado anualmente en los CTR de Castilla y León, si bien dicha cantidad podría incrementarse hasta medio millón de toneladas al año teniendo en cuenta los bajos porcentajes de recuperación de dichos residuos en la comunidad autónoma y la posibilidad de recepcionar el compost y el digestato de ínfima calidad producido actualmente en los CTR.
Más grande que Valdemingómez
Se trata por lo tanto de una macroincineradora de residuos, mayor que la incineradora del Ayuntamiento de Madrid en Valdemingómez, en la que cada día descargarían su basura cientos de camiones procedentes de toda la región, «originando un delirante trasiego de desechos. En España sólo hay once incineradoras de residuos domésticos, todas en áreas densamente pobladas como A Coruña, Barcelona, Bilbao, Guipúzcoa, Madrid o Mallorca, dado que por su elevado coste requieren quemar grandes cantidades de desechos», advierte la organización ecologista.
La macroincineradora sería aprobada como Proyecto Regional, para imponerla al municipio donde se decida ubicar, y la gestionaría la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), administración paralela de la Junta de Castilla y León dirigida por el Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, José Manuel Jiménez Blázquez, «y caracterizada por su opacidad laboral y contractual», señala Ecologistas en Acción.
