El presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, durante la rueda de prensa sobre los menores no acompañados. | Foto: Vox

La pompa y boato con que el presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, ha comparecido para confirmar que su formación considerará «rotos» los gobiernos de coalición regionales que no usen todos los medios políticos y legales a su alcance para evitar el reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS), más allá de rozar el ridículo, dice mucho sobre su desconocimiento de la situación de la infancia en España y sobre el uso electoralista de menores en las diatribas políticas con sus amigos del PP.  «No seremos cómplices de robos, violaciones y machetazos», ha dicho, al tiempo que ha asegurado que no participará de la «estafa del PP nacional a sus votantes». Como la ignorancia es atrevida por naturalreza, ha hablado del «hartazgo de los españoles ante la inseguridad de la inmigración ilegal y descontrolada», como si todos los españoles pensaran como él, y ha culpado a PP y PSOE de «optar por la legalización de medio millón de ilegales, en una política de efecto llamada» para completar el discurso racista y xenófobo al que nos tiene acostumbrados, y que ya empieza a oler a putrefacto.  

Parece que tanto viaje por Europa, a la sombra de Viktor Orbán, no le ha enseñado al señor Abascal que todos los países están obligados a hacer frente, con su cuota correspondiente, a la realidad de los menores no acompañados. Ha debido olvidar también, si en algún momento realmente se ha parado a leer e investigar, que si hay algo que tienen en común todos los niños y niñas del mundo, sin excepción, son sus derechos. Hayan nacido donde hayan nacido, tengan el color de piel que tengan y sea cual sea su condición económica o sexual, todos los niños y niñas del mundo tienen los mismos derechos. Y lo que no puede ser es que un Abascal de turno venga a pisotearlos. No es nadie.

Pero puestos a hablar de menores, y si tanto le preocupan, todavía no ha salido una palabra de su boca sobre una realidad verdaderamente lacerante a la que se enfrentan miles de familias en nuestro país: ver cómo sus niños y niñas permanecen tutelados por el Estado y las comunidades autónomas en centros de menores, como si de reclusos se tratara. A las puertas de esos centros ha habido robos, violaciones, machetazos y venta de droga. En su mayoría son menores españoles, muy españoles. Pero nadie, ni él mismo, pone encima de la mesa una propuesta realista de futuro para estas criaturas. 

Menores tutelados en España, un negocio redondo

Según el último boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia del Observatorio de la Infancia, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, publicado en 2022, el número de niñas, niños y adolescentes atendidos por el sistema público de protección a la infancia y la adolescencia aumentó respecto al año anterior y precedentes, pasando de 49.171 registros en 2020 y 48.357 en 2021 a 51.203 en el año 2022, más aproximado a la cifra de 50.272 registrada en el año 2019. Tanto el número de tutelas como el de guardas ha aumentado respecto al año anterior, pasando las tutelas de 29.910 en el año 2021 a 30.657 en el año 2022 (31.738 en 2020). Las guardas se sitúan en 3.538 registradas en 2022 frente a las 3.280 en 2021 (3.870 en 2020). En el año 2022 el número de acogimientos familiares, 18.177, seguía siendo superior al registrado en acogimientos residenciales 16.365. El total de acogimientos residenciales registrados a 31 de diciembre de 2022 (16.365), fue ligeramente superior a los 16.177 registrados en el año 2021 (16.991 en 2020 y 23.209 en 2019). Los acogimientos familiares registrados en el año 2022 se sitúan en 18.177, cifra ligeramente inferior a los 18.455 registrados en 2021. (19.320 en 2019 y 18.892 en 2020). Como en años anteriores, las diferencias por sexo más notables se dan en el acogimiento residencial, con un predominio de menores de edad de sexo masculino en todos los grupos etarios: 10.971 frente a 6.090 de sexo femenino. La mayor diferencia es la registrada en el grupo etario 15-17, aunque el número de niñas en acogimiento residencial ha aumentado en todos los grupos etarios. En el segmento 0-3 años se iguala progresivamente: 257 niñas frente a 300 niños. En el caso de los acogimientos familiares se mantiene el predominio del grupo etario 11-14, sin que existan diferencias relevantes entre el número de niñas y el de niños. 

Algo falla

Más allá de unas cifras que nos dicen que algo no están haciendo bien ni esta sociedad, ni los sucesivos gobiernos de PSOE y PP, están los intereses económicos de empresas privadas, algunas conectadas directamente con los fondos buitre que a tantos ciudadanos españoles han desahuciado, tirándoles de sus casas a la calle, y que son las gestoras de muchos de estos centros, como lo son de muchas residencias de mayores en todo el territorio nacional. Importa más el negocio de la infancia que el futuro de niños y niñas que entran limpios a estas instalaciones y salen asilvestrados, enganchados a las drogas, delinquiendo, desarraigados de familias que, en un momento dado, quizá atravesaron una crisis económica, personal o por otras circunstancias, y a las que sus hijos les fueron arrancados de golpe, sin solución de enmienda. Todo en virtud «del interés superior del menor». Y no porque no tengan a nadie que pueda hacerse cargo de ellos. Si sus padres, por las razones que sean, no están capacitados para los cuidados esenciales, debe ser la familia biológica: hermanos mayores, tíos, abuelos…Así lo contempla la ley. Y muchas de estas familias están dispuestas a cuidar de sus niñas y niños, pero siempre el mismo impedimento: ese muro que construyen algunos servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas, y una justicia que necesita ponerserse al día, renovarse. 

Por tanto, quizás empezar a resolver los problemas domésticos sea lo más honesto -antes de abordar el asunto de los MENAS- si es que la honestidad aún reina en el universo de los políticos a los que les hemos entregado las llaves de casa. Si es que no tenemos al enemigo dentro ya. ¿Por qué no se dota a esas familias biológicas con las cantidades monetarias que se entrega a las familias no biológicas «de acogida» ? ¿No sería un modo de devolver con dignidad a esos menores tutelados a su entorno y labrarles un futuro? Ahora, nada más leer estas líneas, investigue y proponga, señor Abascal.    

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