Esta es la primera vez que se efectúa un proceso de monitorización y estudio de la presencia de sustancias peligrosas emitidas por la incineradora tras varias campañas de recogida de diversas muestras biológicas (agujas de pino, de ciprés de Arizona, huevos de gallina y musgos). Las muestras analizadas por un laboratorio holandés acreditado legalmente, han demostrado la existencia de dioxinas y furanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y sustancias per y polifluoroalquiladas PFAS.
Algunas de esas sustancias peligrosas para la salud humana y el medioambiente tienen límites legales de emisión y se miden esporádicamente en la chimenea en funcionamiento regular, pero no en situaciones transitorias, como el encendido y apagado de los hornos o las paradas por mal funcionamiento. Otras de estas sustancias no tienen todavía regulación legal, como las dioxinas bromadas o yodadas, las PFAS y la mayoría de los HAPs.
A pesar de que el Plan Estratégico Salud y Medio Ambiente, aprobado por el Gobierno en 2021, establece la biomonitorización humana en el entorno de determinadas áreas industriales emisoras de contaminantes como una de herramientas para vigilar la relación entre la exposición a los contaminantes y los efectos potenciales en la salud humana, sin embargo, nunca se ha realizado biomonitorización humana o biológica en el área de Valdemingómez, la planta de tratamiento de residuos más grande de la Comunidad de Madrid.
La tarea principal a través de la biomonitorización es la recogida de contaminantes fijados en seres vivos durante un tiempo prolongado y ocasionalmente su bioacumulación. Su fiabilidad es mayor que las mediciones puntuales de calidad del aire en la detección de la contaminación. En 2019 el Ayuntamiento de Madrid (Madrid Salud) publicó una campaña de mediciones únicamente en dos puntos de Madrid durante un mes de 2017, concluyendo que “no encontramos suficientes evidencias que demuestren que la actividad del Parque Tecnológico de Valdemingómez incida en la salud de la población”. En cambio, los resultados de ToxicoWatch contradicen varias de las mediciones de ese estudio y cuestionan esa conclusión.
La biomonitorización ha determinado que los resultados para los huevos detectaron un nivel de dioxinas de 13 picogramos por gramos de materia grasa, superando ampliamente el nivel regulado en la UE de 5 picogramos. «Por tanto, no sería aconsejable el consumo humano de esos huevos», explican desde la organización.
Por otro lado, los resultados de los análisis de dioxinas en los musgos muestran dioxinas muy elevadas, 20 veces superior en comparación con la fuente de referencia (situada a cuatro kilómetros), siendo significativamente más altos que otros realizados en investigaciones de biomonitoreo en Europa en 2019-2021.
Y también se han detectado altos resultados de contaminación por PFAS en las agujas de pino carrasco, diez veces superiores a las encontradas en árboles de la misma especie situados a cuatro kilómetros (fuente de referencia). Igualmente destacan los elevados niveles de dioxinas (PCDD), 75 veces mayor en comparación con la fuente de referencia. Ambos casos son los valores más altos en esta investigación de biomonitorización efectuada simultáneamente en Europa (España, Lituania y República Checa) en 2021.
Ecologistas en Acción, la FRAVM y GRAMA señalan que estos resultados de ToxicoWatch «suponen la evidencia de que en el entorno de la incineradora de Valdemingómez se están depositando sustancias enormemente peligrosas para el medio ambiente y la salud humana. Por tanto, las autoridades ambientales y sanitarias deberían adoptar medidas inmediatas dado que las instalaciones son un riesgo para la salud de las personas y el medioambiente. Las organizaciones consideran que los resultados de este trabajo justifican la imperiosa necesidad del cierre de la incineradora de Valdemingómez y un cambio en la gestión de residuos en la ciudad y provincia de Madrid»
Asimismo, añaden que sería necesario que se establezca, por parte de los titulares de las 11 incineradoras de residuos municipales existentes en el Estado español, la obligación de la monitorización humana y biológica de las sustancias peligrosas en su entorno, por sus repercusiones en la salud. Estas obligaciones deben quedar blindadas en las autorizaciones ambientales integradas otorgadas por las comunidades autónomas, como una medida de evaluación real del impacto de esas instalaciones en el medio ambiente y en la salud humana.