Interior de la nave con las perreras empleadas para la cría de setter inglés

La detención de dos hombres de 29 y 25 años por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cantabria, como presuntos autores de un delito de maltrato animal, con resultado de 18 perros de raza setter inglés muertos y otro ejemplar salvado en malas condiciones, en la localidad de Suances, ha avivado la polémica por las intenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto a sacar a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal y darles una regulación propia.  

Para los animalistas de Cantabria “esto ha sido un golpetazo”, lamenta Rusell Simoni, una histórica activista en diversas campañas contra el maltrato animal y portavoz del colectivo Huellas Cantabria. “Este tipo de situaciones cuando te tocan tan de cerca, y más en una zona como Suances, donde conocemos que hay tanta gente haciendo cosas por los animales, pensar que nadie haya podido detectar este problema a tiempo para poder salvar a esos animales es una tristeza muy grande. Así como con vacas y otros animales han pasado cosas terribles en Cantabria, esta es la primera vez que ocurre algo tan macabro con perros”, comenta. 

Un futuro incierto para los perros de caza

Simoni, aún no se explica “lo que ha pasado para que alguien sea capaz de dejar a 18 animales morir de hambre, que es la peor muerte de cuantas existen. Cuando tienes algo y no lo valoras y lo usas como una herramienta y no como el ser vivo que es, pues puede pasar cualquier cosa”. Por ello hace un llamamiento para que Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no deje fuera de la Ley de Protección Animal a los perros de caza “como algunos lobbys pretenden. ¿Y quiénes son? Los que tienen miedo de que se muestre y se denuncie la realidad que hay detrás del tema de la caza. No solamente la padecen las especies cinegéticas, también los perros. Vemos, cada día, situaciones horribles”.

Al tiempo, argumenta que “no se puede diferenciar a los perros de caza del resto de perros. Lo único que varía es el uso, pero sienten por igual, sus necesidades son las mismas, y esto ha hecho que en otros países la gente se ponga las manos en la cabeza y diga: ¿pero qué es lo que está pasando en España? Es que en ningún país hay distinciones. Los cazadores tienen que tener las mismas obligaciones que el resto de propietarios de perros. Tendrán que tener unas instalaciones adecuadas, tendrán que vacunarlos, alimentarlos, atenderlos convenientemente, cubrir sus necesidades veterinarias. Es una locura plantear un tratamiento distinto para estos animales”. 

Negocio redondo: 3.000 euros por cachorro

Respecto a la situación en Cantabria, según Rusell Simoni, “todas las protectoras que tienen refugios pueden demostrar que son muchos los perros de caza que rescatan. Cuando acaba la temporada de caza es tremenda la cantidad de perros abandonados que te encuentras por ahí. Incluso en las propias perreras municipales hay épocas del año en las que aparecen un montón de perros de caza. Y en Cantabria, como es zona de caza de monte, pues el setter es una de las razas más utilizadas”. Y también de las más caras, pues se estima que hay quien llega a pagar hasta 3.000 euros por un cachorro de setter inglés.

La desidia de algunos ayuntamientos

También apunta que lo que pasa en esta comunidad autónoma es que hay “poca valentía política de conseguir que este tema llegue al siglo XXI de una vez a la tierruca. Seguimos teniendo cantidad de ayuntamientos que no tienen el servicio de animales abandonados cuando es algo obligatorio por ley. Y los hay que se lo pasan por el forro y no cumplen con esa ley”. Por ello apela a la necesidad de cambios en la política. “Necesitamos gente en política que no se deje llevar ni por el lobby ganadero ni por los cazadores, que son los que quieren que se frenen estos avances. Y será porque no cumplen con todo lo que deberían cumplir. Si tú cumples, no temes a una ley que protege a los animales”.  

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