Hay valencianos que han ido a pasar la ITV a Almansa, Yecla, Sarrión o Cuenca. Y no son excepciones, muchos más se han visto obligados a realizar la revisión en las provincias vecinas porque las ITV de la Comunidad Valenciana, especialmente la de Alzira, están colapsadas y les dan cita para uno o dos meses después, corriendo el riesgo de pasarse del plazo legal y que los agentes de tráfico les impongan una multa de 200 € y les inmovilicen el vehículo, además de que las aseguradoras se desentiendan y les dejen en la cuneta en caso de accidente. A esto hay que sumar un gasto de combustible extra por el desplazamiento y el consiguinete incremento de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
El Gobierno de la Comunidad Valenciana parece desconocer que el mayor problema hoy es el calentamiento del clima, con las temperaturas subiendo década tras década; de hecho, el pasado verano España sufrió un récord de calor con 42 días de alerta por calor extremo y este año el récord es la falta de lluvia. Mientras, el sector que más gases de efecto invernadero emite es el transporte.
Según reconoce el actual gobierno autonómico, responsable directo de las ITV, faltan un 25% de trabajadores, por lo que no alcanzan a hacer las revisiones y tienen retrasos tan enormes. Según Ecologistas en Acción «lo saben desde hace tiempo y dicen que van a contratarlos, porque trabajadores en paro hay y dinero también, porque las ITV valencianas dan 7 millones de beneficios al año. Pero el colapso y los retrasos en las citas siguen».
Así las cosas, la organización ecologista se plantea algunas cuestiones: «¿el problema es simplemente la ineptitud del gobierno autonómico actual? ¿O tal vez quieren culpar al gobierno anterior, que recuperó las ITV de manos privadas y las hizo públicas? ¿O quizás pretenden degradar este servicio para justificar una nueva privatización y encarecimiento? ¿O las tres cosas?»
Sea cual sea la causa, a juicio de los ecologistas, «en modo alguno se puede aceptar que obliguen a cientos de conductores a hacer 100 o 200 km para pasar una revisión que deberían poder hacer desplazándose sólo 10 km». Y exponen varias razones: desde el riesgo significativo en las carreteras, al gasto innecesario, pasando por una contaminación imperdonable y más calor para todos.
