Cuando solo han transcurrido tres días de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas que tiene lugar en Egipto y el debate se centra en la financiación, la Comisión Europea se plantea reestablecer las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para los países miembros de la UE, lo que «obstaculizará las medidas para sacar a las personas de la pobreza energética y garantizar la seguridad energética con una transición a las energías renovables», ha advertido Greenpeace.
La propuesta de “Orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE”, hecha pública por Bruselas, forzará a los gobiernos de la eurozona a volver a la austeridad, reduciendo el gasto público, al limitar el nivel de déficit presupuestario anual en un 3 % del PIB, y poniendo un techo a la deuda pública del 60 % del PIB. El documento menciona la necesidad de abordar la transición verde y la crisis energética de Europa, sin embargo, no explica cómo la reforma fiscal permitirá a los gobiernos impulsar el llamado “gasto verde” al mismo tiempo que se recorta el gasto público.
Según la Comisión, los gobiernos tendrían que demostrar que hacen los deberes de reducción del déficit para tener acceso a un plazo que pasaría de cuatro a siete años. Pero alcanzar los objetivos marcados podría suponer décadas de austeridad en algunos países de la UE.
Para el asesor económico de Greenpeace UE, Markus Trilling, “nunca es un buen momento para la austeridad, pero en medio de la emergencia climática y con el coste de la vida actual es sencillamente un ejercicio de imprudencia ideológica. Las personas deben saber que los gobiernos pueden hacer lo necesario para mantenerlos a salvo. Un retorno arbitrario y autoimpuesto a la austeridad frenaría los esfuerzos para el aislamiento térmico de los hogares, implementar energías renovables y acabar con la dependencia de Europa de los combustibles fósiles, al tiempo que los contaminadores continúan obteniendo ganancias sin precedentes”.
Se espera que la Comisión Europea publique a principios de 2023 una propuesta definitiva de reforma fiscal de la UE, antes de acordar las medidas finales con los gobiernos durante el año.
Según Carlos García Paret, coordinador de incidencia política en Greenpeace España, “no es admisible construir reglas fiscales para los próximos veinte años que otorguen un cheque en blanco fiscal a la industria militar y contaminante. Estaremos desviando recursos para atender los verdaderos problemas de la ciudadanía y del planeta y tirando piedras contra el tejado del proyecto europeo”.
La organización ecologista se ha unido a más de 170 ONG, sindicatos, grupos de expertos y economistas para pedir una política fiscal de la UE que apoye una transición ecológica y mayor justicia social en el marco del Pacto Verde Europeo.
