Como avanzábamos hace dos meses en una publicación anterior, Salave es el mayor yacimiento de oro no explotado de Europa, desde la extracción superficial del metal desarrollada por los romanos hace 2.000 años, y que fue el origen de las actualmente conocidas como Lagunas de Salave. Hace un tiempo que la empresa Explotaciones Mineras del Cantábrico, filial de la australiana Dragon Black Gold Corporation, acaricia el sueño de desarrollar su proyecto minero en Tapia de Casariego (Asturias).
«El proyecto minero prevé la creación de unos 150 a 200 puestos de trabajo directos, la inversión es de 103 millones de euros y el resultado económico para los accionistas contempla un beneficio de 140 millones de euros en toda la vida del proyecto que son 15 años«. Así explicaba José Manuel Domínguez, en representación de Explotaciones Mineras del Cantábrico, las cifras de la instalación minera.
La localidad lleva quince años dividida por un proyecto que ha recibido en dos ocasiones declaraciones de impacto ambiental desfavorables. Pero, a pesar de todo, el Gobierno del Principado de Asturias ha cerrado recientemente el periodo de alegaciones a la nueva propuesta presentada por Explotaciones Mineras del Cantábrico, lo que ha hecho saltar las alarmas entre los colectivos que se oponen a la instalación.
Voces interesadas
Ahora, la Plataforma Oro No, denuncia que, en las últimas semanas, resuena el argumento del empleo que generará la explotación minera de recibir el visto bueno por parte de los servicios técnicos del Gobierno del Principado de Asturias. “Voces en absoluto independientes y con claros intereses y lazos económicos en el proyecto minero de Salave (colegios profesionales, organizaciones empresariales y otros), que continúan utilizando el argumento del empleo para mostrar su apoyo al mismo. Un apoyo, por cierto, que ya está descontado por ser entidades parciales con evidentes intereses en el asunto”, señalan.
Se trata -dicen- de organizaciones “que lanzan sus discursos desde sus despachos en la ciudad sin conocer ni preocuparse en conocer la problemática ni la dinámica socioeconómica real de la zona”.
Por ello, denuncian lo que consideran “la absoluta falta de respeto y consideración, hacia todos los colectivos afectados, que supone el hecho de apelar una y otra vez al argumento falaz de la creación de puestos de trabajo en un proyecto de corto plazo”.
En defensa del tejido económico sostenible
La plataforma pone en evidencia que “nunca hablan de los empleos y el tejido económico sostenible que serían dañados y destruidos. Sus propuestas para, de verdad mejorar y evolucionar el occidente brillan por su ausencia; se limitan a apostar por este proyecto tan devastador por sus exclusivos intereses. Tampoco salen a proponer mejoras en infraestructuras, ni son capaces de poner en valor hitos como los sellos ecológicos internacionales de algunas de nuestras pesquerías ni otras propuestas de valor serias y de largo plazo”.
Este colectivo, formado por más de 600 vecinos de la zona, vuelve a expresar la indefensión permanente ante la actitud de los promotores del proyecto. “Parece que para ellos sólo somos un punto en el mapa en el que existe un recurso que les hará más ricos. Todo lo demás les es indiferente. Su actitud hacia los colectivos afectados la sentimos como una falta de respeto, un desprecio y una ofensa, infravalorando continuamente nuestras profesiones y trabajos, ya que nunca formamos parte de su ecuación, siempre interesada”.
Insisten en que seguirán diciendo “las veces que haga falta que, aparte de los costes medioambientales evidentes e inasumibles, este proyecto supone un golpe definitivo a nuestros trabajos, negocios y calidad de vida, en sectores como la pesca, la ganadería, la agricultura y el turismo en los que existen cientos de puestos de trabajo e inversiones cuantiosas que por razones puramente interesadas resultan invisibles a estas entidades y a algunos políticos”. Asimismo, advierten que adoptarán todas las medidas que sean necesarias para defender sus trabajos y modos de vida”.
