El debate abierto en torno a la fiebre de las macrogranjas que recorre media España, cuando la cuestión viene de lejos y ha sido denunciada en numerosas ocasiones durante los últimos años por ayuntamientos y colectivos ecologistas, ofrece nuevos matices. Uno de ellos, la estrategia de la patronal para ejercer presión sobre pequeños municipios donde pretende implantar este tipo de explotaciones.
El pasado 10 de septiembre de 2021, el Ayuntamiento de Cenizate (Albacete), publicó un anuncio sobre el inicio de trámites de elaboración de la modificación puntual número 4 del Plan de Delimitación de Suelo Urbano. Un mes antes, mediante acuerdo del pleno, el 9 de agosto, se iniciaban los trámites para la elaboración de la modificación puntual nº 4 del PDSU, con la corrección de errores del plan, adecuación a la instrucción técnica de planeamiento y el establecimiento de usos o subusos del suelo rústico para la ubicación de instalaciones de cría intensiva de ganado porcino.
“En la misma sesión, se acordó proceder a la suspensión de la tramitación y el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en suelo rústico, en tanto se define el uso o subusos que se pretende crear en suelo rústico, para la cría de ganado porcino de forma intensiva. La duración de la suspensión sería de un año a contar desde la publicación del acuerdo. Plazo que se prorrogará un año más si se produce convocatoria o información pública de la modificación de planeamiento”, explica Enrique Navarro, alcalde socialista de Cenizate.
Ante esta decisión del pleno municipal, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR) interpuso un recurso contencioso-administrativo. A pesar de los esfuerzos por conocer los argumentos de la patronal, ANPROGAPOR no se pronuncia. Ahora, los vecinos esperan que el dictamen del juez sea favorable a Cenizate.
“Este es un pueblo pequeño de 1.200 habitantes y tradicionalmente siempre ha habido alguna granja porcina de origen familiar, pequeñas explotaciones de forma extensiva y no tenemos absolutamente nada en contra de ello, sino todo lo contrario, si se les puede ayudar en algo, se les ayuda. ¿Qué ocurre? Que de un tiempo a esta parte, de no existir granjas de estas características, hemos recibido 2 proyectos. Nos pareció raro y nos informamos de lugares donde ya tienen tradición de este tipo de explotaciones”, comenta el primer edil.
En el pueblo, “la oposición vecinal es fuerte”, incluso se ha creado la Plataforma Rural por Cenizate contra las macrogranjas. Según Navarro, “al final son entre uno o dos puestos de trabajo los que se generan. Unas instalaciones que no fijan población”.
El municipio, situado en la parte noroccidental de la comarca de La Manchuela, enclavado en un pequeño valle flanqueado por los ríos Júcar y Cabriel, basa su economía en la agricultura, el cultivo de viña, cereal, almendro, seta y champiñón.
Daimiel, un ayuntamiento del PP contra las macrogranjas
Mientras, ayer se conocía la decisión del municipio de Daimiel (Ciudad Real) de blindarse frente a las macrogranjas.
La modificación del POM que se aprobó por unanimidad en el pleno de noviembre entró en vigor el pasado 23 de diciembre. Daimiel se opone a estas instalaciones industriales que, por su configuración y por el impacto medio ambiental que tendrían en el Parque Nacional de Las Tablas, suponían “una amenaza” para la localidad, en palabras del concejal de Medio Ambiente, Javier Fisac.
De este modo, “se ha cumplido la aspiración que dos años antes promovió la plataforma Stop Macrogranjas Daimiel y a la que se comprometió el equipo de Gobierno con el apoyo del resto de fuerzas políticas municipales”.
Fisac ha destacado que “el municipio es pionero en el trámite legal” de esta prohibición en Castilla-La Mancha, y que esto ha sido posible gracias a que la modificación introducida en el POM incluye “una nueva definición” de este tipo de industrias y que detalla “los usos incompatibles” en Daimiel.
En este sentido, el concejal exponía que estas macrogranjas, además de los malos olores que generan, representan “un riesgo de contaminación por nitratos tanto en el suelo como en un acuífero ya sobreexplotado y cuya calidad del agua también se debe proteger”.
El concejal de Medio Ambiente, asimismo, ha puesto a disposición de cualquier ayuntamiento que lo desee el “documento estratégico” que ha servido de base para esta modificación, pensando especialmente en aquellos que como Daimiel están asentados sobre el mismo acuífero. “Tenemos un documento muy exhaustivo y todo lo que hemos hecho es público. La protección del acuífero no se garantiza con un solo ayuntamiento, pero si todos los que estamos sobre el mismo damos este paso su seguridad será mayor”, reflexionaba.
Asimismo, el concejal ha dejado claro que el Ayuntamiento de Daimiel defiende “la ganadería y la agricultura sin apellidos” ya que el sector primario es “fundamental para Castilla-La Mancha”.
¿Recurrirá la patronal esta decisión?
Ahora habrá que esperar si, como en el caso de Cenizate, la patronal de las macrogranjas ANPROGAPOR o cualquier otro colectivo en defensa de los intereses del sector, también interpone recurso contencioso- administrativo contra las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Daimiel o si, por el contrario, usa una doble vara de medir para calcular dónde y cómo presionar para que sus macrogranjas reciban el beneplácito de los pueblos.
