Un cazador inmortaliza a dos zorros con su móvil durante una batida en Galicia

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha advertido que sus federados en todo el país iniciarán inminentes movilizaciones y volverán a llevar la “marea naranja” de cazadores a las calles, como ya ocurrió el 20 de marzo. Es la advertencia que lanzan al Gobierno, «si no se excluye a la actividad cinegética del proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal que el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el pasado 1 de agosto y que supondría el fin de la caza al someterla a una gravísima situación de indefensión jurídica».

A raíz de la aprobación del proyecto de Ley, la RFEC y las Federaciones Autonómicas, crearon una comisión de trabajo específica para elaborar una hoja de ruta, afirman, «contra un texto que sería letal para la actividad». Así acordaron elaborar un calendario de reivindicaciones y movilizaciones a pie de calle «para protestar directamente contra la postura del PSOE, que ha incumplido todas sus promesas y acuerdos en relación a la exclusión de la caza de este proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal».

Nada por aquí, nada por allá

Según la RFEC, el pasado 29 de marzo, tras una reunión de trabajo celebrada en su sede nacional, «el PSOE se comprometió a excluir a los animales auxiliares de la caza del anteproyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal«. Relatan desde la RFEC que por parte de los socialistas, a este encuentro acudieron Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Juan Francisco Serrano, portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados. «Precisamente, el propio Juan Francisco Serrano afirmó públicamente el pasado 23 de junio en una Jornada de Bienestar Animal, organizada por la Fundación Artemisan y El Mundo, que la postura del PSOE sería que los animales auxiliares de caza queden fuera del borrador. No podemos comparar un animal auxiliar de caza como es el del medio rural con un animal de compañía como es el de una ciudad”.

En cambio, en el texto aprobado posteriormente por el Consejo de Ministros «no se excluye a la caza ni se tienen en cuenta estas consideraciones. Este incumplimiento manifiesto de los compromisos adquiridos y la falta de respeto al sector cinegético han generado una profunda indignación entre los cazadores de toda España, que se movilizarán contra un proyecto de Ley elaborado sin consenso y contra la deriva anticaza del PSOE».

La comisión creada por la RFEC y las Federaciones Autonómicas estaría recabando el apoyo de otros sectores «ante el fuerte rechazo social que ha generado una Ley Animalista que cuenta con la oposición del mundo rural, colegios veterinarios, científicos, ecologistas y conservacionistas y asociaciones y actividades unidas en torno a la naturaleza y los animales». Y es que, a río revuelto, ganancia de pescadores. Nada tiene que ver el argumentario de la RFEC con la posición de los colectivos que cita, al menos en lo que a la incorporación de perros de caza en la Ley.

Sacrificio cero

El proyecto que contempla el Gobierno pretende integrar, coordinar y clarificar en una única norma de rango legal el régimen jurídico en materia de tenencia y convivencia responsable con animales, lucha contra el abandono y maltrato de animales que viven en el entorno humano, impulsar la actuación coordinada de los poderes públicos en favor del fomento de la protección y bienestar animal y establecer un sistema de información centralizado en materia de protección animal como instrumento de colaboración con todas las entidades y administraciones públicas en el desempeño de sus competencias de protección y bienestar animal.

Uno de los objetivos fundamentales es racionalizar, simplificar y dotar de coherencia al régimen jurídico de la protección animal estableciendo unas obligaciones comunes para todos los ciudadanos que sean titulares o responsables de animales de compañía o silvestres en cautividad, con independencia de su lugar de residencia, así como criterios homogéneos respecto al trato con animales abandonados, extraviados, desamparados o urbanos.

La demanda social de establecer con carácter general la política de sacrificio cero para todo tipo de animales incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, contemplándose excepciones a dicha política, exclusivamente por criterios veterinarios, de seguridad o de salud pública, viene acompañada de una serie de medidas para conseguir el abandono cero. Para alcanzar ese objetivo y el éxito de los planteados en el proyecto, se establecen algunas medidas, como el control y registro de la cría y venta de animales de compañía mediante criterios orientados a evitar la sobreexplotación, la cría y venta incontrolada, y fomentar la educación y formación de la sociedad para evitar la proliferación de abandonos.

Control, registro de la cría y venta de animales

Además, la futura Ley de Protección y Bienestar Animal establecerá mecanismos orientados a reducir el maltrato y mejorar el funcionamiento de profesionales y colectivos relacionados con los animales de compañía, como la limitación de la utilización de animales en eventos públicos, la regulación de las entidades de protección animal o de los profesionales del comportamiento o el establecimiento de algunas formaciones mínimas para ejercer las distintas actividades.

Uno de los puntos más significativos del proyecto es el establecimiento de un listado positivo de animales de compañía, que regulará qué animales pueden ser objeto de esta definición y, por tanto, de la convivencia en los hogares.

Por último, el proyecto establecerá las obligaciones de las administraciones públicas en materia de protección animal, teniendo como objetivo, además, facilitar la función inspectora y de vigilancia para prevenir las situaciones de maltrato animal y racionalizar, homogeneizar y dotar de proporcionalidad al régimen de infracciones y sanciones en materia de protección animal.

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