En 2006 se creó, en Extremadura, el Consejo Regional de Educación Ambiental, gracias a la elaboración del Libro Blanco de la Educación Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de fomentar la sensibilización ambiental en el territorio. Este consejo debe cumplir ciertas funciones, como reunirse dos veces al año y emitir informes anuales sobre las actuaciones y trabajos realizados, algo que no ocurre desde 2018, fecha en que se manifestó el Consejo por última vez.
Ecologistas en Acción de Extremadura ha solicitado recientemente información sobre el estado de dicho Consejo, pero la Junta de Extremadura no emite respuesta. La organización cita textualmente el Decreto 192/2006, por el cual que se crea el Consejo Regional de Educación Ambiental, destina fondos públicos a la siguiente labor, todavía pendiente: «La conservación de la naturaleza y protección del medio constituyen hoy un reto para el conjunto de la sociedad en general, y en particular de la sociedad extremeña. Los poderes públicos, por mandato constitucional, asumen la obligación de promover la necesaria solidaridad colectiva que garantice el respeto por el patrimonio que pertenece a todos«.
Entienden que ninguna acción aislada puede ser efectiva, «se requiere de un entramado de medidas políticas, de desarrollo tecnológico, educativas, que se apoyen mutuamente».
Educación Ambiental en el sistema educativo
«Son las administraciones las primeras que han de tener una coherencia ambiental en todas sus actuaciones, utilizando la educación ambiental como herramienta para la puesta en práctica de sus políticas y planes de gestión, a la vez que garantizar la presencia real de ésta en el sistema educativo», explican. Al tiempo, consideran que se trata de «una muestra más de la ecología de despacho que promueve la Junta de Extremadura, medidas que suenan bien sobre papel pero que no se cumplen ni se revisan, aunque sean aprobadas por ley».
Regadíos, macro plantas fotovoltaicas, deforestaciones y proyectos mineros
Y lamentan que otra vez la ecología quede olvidada, en último plano, por detrás de intereses económicos o políticos. «Cualquier persona que viva en Extremadura puede darse cuenta que el cuidado del patrimonio natural que supuestamente pertenece a todos, está siendo destruido día tras día con proyectos de regadío, macro plantas fotovoltaicas, deforestaciones o concesiones de proyectos mineros, sin tener en cuenta la grave situación hidrológica que nos atraviesa».
Ante este panorama, se preguntan qué clase de educación ambiental participativa se ha trabajado desde el año 2006 «si la población general no conoce la grave crisis en la que se encuentran los ecosistemas de la Comunidad Autónoma de Extremadura», qué planes de adaptación a la sequía o prevención de incendios se están transmitiendo o «qué se puede esperar de un organismo de trabajo que no se reúne desde el 2018″.
