Esta finca en Lucena del Puerto sería una de las amnistiadas

Hace décadas que Doñana vive sometida al asedio de la agricultura intensiva y de los invernaderos para la producción de fresas y otros frutos rojos. Esta ocupación de miles de hectáreas sin control ha aislado a la biodiversidad, secado arroyos, contaminado y sobreexplotado sus acuíferos ante la pasividad y la connivencia de las administraciones.

WWF acaba de denunciar que el Grupo Popular del Parlamento andaluz ha redactado una Proposición de Ley que «pretende amnistiar una superficie equivalente a 1.460 campos de fútbol de cultivos ilegales bajo plástico en el entorno de Doñana (más del 85% de la actual superficie ilegal), lo que supondría no sólo una burla a la sociedad española y a los organismos internacionales, sino uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de este espacio protegido».

La organización mantiene que a lo largo de estos años han trabajado para avanzar hacia la sostenibilidad del sector agrícola en Doñana. De hecho, en 2014, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana o “Plan de la Fresa”, con el objetivo de reordenar el territorio mediante la regularización de las fincas consideradas como superficie agrícola regable (las que estaban en riego con anterioridad a 2004 y no hayan transformado zonas forestales a agrícolas sin permisos) y la obligación de eliminar la superficie regada sin permiso que no cumpliera estos requisitos.

En cambio, la Junta de Andalucía no sólo no ha puesto en marcha ni ejecutado la mayor parte de las medidas contempladas en el Plan y no ha eliminado ni una sola hectárea de invernaderos ilegales, sino que ahora pretende «unilateralmente revocar el Plan de la Corona Forestal, con la  modificación de dos aspectos claves: por un lado, propone cambiar la fecha de regularización de regadíos de fincas que estuvieran en riego en 2004 a 2014, lo que ampliaría sustancialmente la franja de fincas a amnistiar, y por otro incluye aspectos para no cumplir la Ley Forestal Andaluza permitiendo legalizar a fincas que hayan cambiado de cultivo forestal a agrícola sin permiso«, explican. 

Amnistía para más del 85% de la superficie de regadío ilegal

El paso que pretende dar la Junta de Andalucía servirá para amnistiar cera de 1.460 hectáreas mediante la aprobación de una Proposición de Ley «bajo el engañoso nombre de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva) que pretende cambiar las reglas del juego».

Situación crítica en Doñana

La desidia administrativa ha llevado a Doñana a que su acuífero sea declarado oficialmente sobreexplotado por el Ministerio de Transición Ecológica. Además, organismos como UNESCO, UICN y Ramsar mantienen este espacio natural bajo una estricta vigilancia porque corre el riesgo a entrar en la lista de lugares Patrimonio Mundial de la Humanidad en peligro. Es más, el Tribunal Europeo de Justicia de la UE (TJUE), condenó en 2021 al Estado español por las “extracciones desmesuradas de agua subterránea”, que incumplen el derecho comunitario destruyendo su biodiversidad.

WWF afirma que ante esta situación «tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central están obligados a tomar medidas reales y urgentes bajo riesgo de importantes sanciones para nuestro país. Se comprometieron ante organismos internacionales como UNESCO a que no habría amnistías a los agricultores ilegales y al cumplimiento íntegro del Plan de la Fresa”, por lo que la aprobación de la Proposición de Ley del Partido Popular Andaluz supondría un descrédito internacional incalculable para nuestro país y especialmente para la Junta de Andalucía y sus supuestos esfuerzos para salvar Doñana de la desecación.

La aprobación del “Plan de la Fresa” fue el resultado de años de trabajo entre todos los sectores y administraciones afectadas y logró el consenso y la aprobación del Consejo de Participación de Doñana, que se encarga de la vigilancia del cumplimiento de dicho Plan en 2014.

Sin embargo, ni el Partido Popular ni la Junta de Andalucía han informado al Consejo de Participación de Doñana de esta Proposición de Ley que pretende evitar cualquier tipo de participación pública y dinamitar los acuerdos alcanzados por la vía de los hechos consumados.

Desprestigio para las fresas de Doñana y competencia desleal

Las fresas de Doñana y de Huelva se enfrentan a una competencia cada vez mayor en Europa, con mayor oferta, la influencia de nuevos países productores y la exigencia creciente por parte de los consumidores europeos de garantías de sostenibilidad y de legalidad en el uso del suelo y del agua y de no afección a la biodiversidad.

Desde WWF llevan años colaborando con todos los grandes supermercados europeos compradores de fresas de la comarca de Doñana y siempre ha defendido ante ellos «la validez del Plan de la Corona Forestal como marco para la compra de fresas y frutos rojos de la zona. Los mismos supermercados manifestaron públicamente su apoyo al Plan de la Corona Forestal con cartas enviadas tanto al Gobierno Central como al Andaluz». En caso de seguir adelante la propuesta del PP, «WWF se desvinculará de su compromiso con dicho Plan y su zonificación e informará inmediatamente a los mercados y consumidores europeos de la tramitación de este Proyecto de Ley y de la ruptura del consenso y por primera vez les reclamará públicamente que tomen estrictas medidas de control para garantizar que las frutas procedentes de Huelva no contienen fresas o frutos rojos ilegales procedentes de esta amnistía».

Además, WWF avanza que denunciará esta grave amenaza ante todos los organismos internacionales que velan por la integridad del estado de conservación de Doñana.

Esta amnistía unilateral a una minoría de ilegales, motivada únicamente por razones electorales y por la presión cada vez mayor de la fiscalía, supone un duro golpe y una competencia desleal para aquellos productores en Doñana que se esfuerzan por cumplir la ley y diferenciarse en un mercado europeo cada vez más saturado y más exigente.

Agricultores legales, que hacen su trabajo correctamente y han comprado fincas legales de riego a un precio alto, competirán en el mercado con ilegales que tienen fincas de secano o incluso forestales que con esta Proposición de Ley del PP los igualaría en el mercado, pero con una diferencia de costes de producción desproporcionada.

Competencia por el agua

Por último, WWF recuerda que esta Proposición de Ley se produce en pleno proceso de planificación del tercer ciclo del Plan Hidrológico (2021-2027) justo cuando ha finalizado el periodo de consulta pública y que la modificación unilateral del Plan de la Corona Forestal de Doñana, un instrumento básico de planificación para las administraciones responsables del agua, tendrá un impacto imprevisible en esta planificación y en los planes de aportar aguas superficiales a la comarca de Doñana.

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