La Fiscalía ha respondido a las denuncias presentadas por las distintas entidades que integran la plataforma «Por un Monte Gallego con Futuro» informando que iniciará diligencias con el fin de determinar la posible comisión de un delito contra el medio ambiente al amparo de los artículos 325 y 326 del Código Penal, relativo a la protección de la flora. Así, recuerda que, en conocimiento de un «hecho aparentemente delictivo, directamente o por medio de denuncia o atestado, practicará el mismo u ordenará a la policía judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para comprobar el hecho o la responsabilidad de los participantes en el evento».
«Por un Monte Gallego con Futuro» denunció la presunta negligencia del Gobierno de la Xunta de Galicia ante la ola de incendios que en los meses de julio y agosto tuvo graves afectaciones en los bosques y ecosistemas más valiosos de Galicia.
En su denuncia señala específicamente al Ministerio de Medio Rural por su inacción ante incendios que destruyeron ecosistemas de gran valor como el Parque Natural del Invernadoiro y el Macizo Central de Ourensán, Serra do Courel, Bisbarra de Valdeorras, Val de Monterrei , Montes da Cañiza, Montes de la Bisbarra do Ribeiro o el Arenteiro, entre otros. También apunta que los daños causados por los incendios forestales, con la quema de miles de hectáreas de bosques y la destrucción de ecosistemas, «se han agravado porque, a día de hoy, no se ha realizado la mayor parte de los trabajos de prevención de incendios previstos para el año 2022».
Por otra parte, la plataforma denunció que «solo se ha ejecutado una parte del Plan de Prevención de Incendios Forestales presentado el 5 de mayo de 2022 por el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, con un presupuesto de más de 180 millones de euros que, entre otras partidas, tenía prevista una inversión de 33 millones para la prevención e intervención en 58.000 hectáreas de montaña.
«No se actuó a tiempo»
Para este colectivo, el alcance y repercusión de los incendios forestales hubiera sido mucho menor de haberse activarse todo el operativo “Temporada de Máximo Riesgo de Incendios”, tal y como establece el PLADIGA 2022. Al tiempo, considera que «deberían haberse adoptado, además, las medidas complementarias establecidas en los protocolos de Protección Civil tanto de la comunidad autónoma como del Estado español.
La plataforma precisa, en el escrito dirigido a la Fiscalía, que “los indicadores diarios de incendios forestales nos permitían predecir que, en caso de focos iniciales de incendios forestales, estos fácilmente podrían convertirse en Grandes Incendios Forestales, como lamentablemente sucedió desde 14 de julio”, y que “tras producirse los primeros focos iniciales, no se actuó a tiempo y con los medios suficientes para tratar de controlar su expansión y minimizar los efectos de los incendios tanto en los ecosistemas como en los daños económicos y sociales que pudiera ocurrir».
Otro aspecto sobre el que ha llamado la atención «Por un Monte Galego con Futuro» es la situación «dramática» vivida en pueblos y ciudades, con varias casas quemadas por incendios forestales descontrolados por falta de recursos, concretamente entre el 14 y el 27 de julio. Y destaca que «el operativo para extinguir los incendios se vio desbordado desde un principio por la falta de medios técnicos, materiales y humanos».
Grado de movilización operativa insuficiente
Otra de las consideraciones que ha aportado la plataforma en su denuncia se refiere a que «el grado de movilización del operativo de prevención y extinción de incendios era equiparable» al que se activa durante una precampaña en los meses de marzo, abril, mayo y junio.
Cuando se declararon los incendios y 40.000 hectáreas de monte quedaron arrasadas, en el mes de julio, con millones de animales atrapados y muertos por el avance de las llamas, explica el colectivo que no existía un protocolo de actuación para minimizar los efectos de los incendios sobre la fauna o para recoger a los animales heridos e intentar curarlos en los centros de recuperación de fauna salvaje gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
“La prevención fracasó y tras producirse los primeros focos iniciales no se actuó a tiempo y con los medios suficientes para intentar controlar su expansión y minimizar los efectos de los incendios tanto en los ecosistemas como en los daños económicos y sociales”, subraya Xosé Santos, portavoz de la Plataforma Por un Monte Galego con Futuro. Dice además que «la negligencia de la Xunta es tan grande que aún no se ha tomado ninguna medida para reducir los daños causados, como la retirada de las cenizas para que no contaminen las aguas o la recuperación de la avifauna».
