El estudio de las analíticas de contaminantes químicos de los organismos oficiales del año 2019, realizado por Ecologistas en Acción, pone de manifiesto la elevada contaminación de las aguas superficiales (ríos, embalses, lagos) y subterráneas españolas con tóxicos de múltiples orígenes, desde la industria petroquímica a la agricultura industrial.

Un claro ejemplo es la amplia contaminación de las aguas de varias cuencas por el herbicida glifosato, el principal contaminante en número de superaciones de la norma en agua del Tajo, Miño-Sil, Cantábrico Occidental y Oriental, Duero, Guadiana, cuencas internas andaluzas, Júcar y Segura. Algo que la organización ya anticipó en su informe “Contaminación por glifosato en el medio acuático” del año 2021.

La contaminación química de las aguas superficiales y subterráneas tiene graves consecuencias, no sólo para los ecosistemas acuáticos sino para el medio ambiente, la fauna, la flora y la salud humana. Estas consecuencias superan la toxicología oficial basada en el riesgo individual de cada tóxico «y deben considerar el efecto combinado que se produce por la interacción de varias sustancias químicas en el medio ambiente», explica la organización.

Deficiencias en la legislación europea y española

Los datos que aporta el informe subrayan deficiencias en la legislación europea y española, «como no disponer de normas de calidad para contaminantes en uso y en su lugar medir sustancias que ya no están autorizadas ni se usan desde hace años». También se pone de manifiesto fallos en la gestión. Por eso consideran que «las administraciones estatales y autonómicas deben actuar coordinadamente para vigilar y reducir la contaminación desde su origen, por ejemplo, evitando la contaminación difusa de pesticidas de uso agrario. Por citar un ejemplo, queda sin analizar el 80 % de los plaguicidas que se utilizan hoy en los campos.

Ahora se sabe que el 75% de los plaguicidas analizados fueron plaguicidas no autorizados ni en uso, algo que no se corresponde con las ventas de plaguicidas. De los 75.397.000 kilos de plaguicidas comercializados, según cifras oficiales, se han analizado plaguicidas que representan únicamente un 19,5% del total.

Sin criterio unificado

El informe deja patente que las diferentes administraciones no comparten un mismo criterio para decidir el número de muestras a realizar o sobre qué sustancias. Esta descoordinación hace imposible la comparación de resultados entre cuencas. Por eso, Ecologistas en Acción considera que «las administraciones estatales y autonómicas deben eliminar sus deficiencias de gestión y cumplir al pie de la letra con las normativas de aguas. Por supuesto, también deben tomar medidas urgentes para controlar y reducir la contaminación detectada, como retirar la autorización a plaguicidas que supongan un grave perjuicio para los ecosistemas acuáticos».

La organización ecologista, a la luz de estos resultados, ha recomendado al Ministerio de Transición Ecológica y reto Demográfico y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación algunas medidas como analizar plaguicidas en uso, tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas; emplear límites de cuantificación inferiores al 30% del valor de la norma de calidad ambiental de las sustancias evaluadas, como indica normativa legal; asegurar que la recogida de información sobre el uso de plaguicidas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sea completa, desagregada por territorios y sirva, a su vez, como punto de partida para proteger ríos, aguas subterráneas, medio ambiente y personas, así como redactar normas armonizadas para el muestreo y el análisis de contaminantes químicos, que sean de obligado cumplimiento para los gestores de las demarcaciones hidrográficas o la implementación de medidas correctoras de la contaminación por cada demarcación hidrográfica para cada sustancia que impida el buen estado ecológico de las masas de agua.


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