La Comisión Europea acaba de publicar la tercera Revisión de la Implementación Ambiental (EIR), una herramienta de notificación que apoya el cumplimiento de esa normativa y conciencia sobre la importancia de dicho cumplimiento. Colmar la brecha entre lo que se decide a escala de la Unión y lo que se cumple en la práctica es esencial para garantizar unos buenos resultados ambientales para los ciudadanos y mantener unas condiciones de competencia equitativas para las empresas, al tiempo que se crean oportunidades de desarrollo económico.
El informe relativo a España señala que «los impuestos medioambientales en nuestro país están claramente por debajo de la media de la UE». Así pues, los ingresos de España procedentes del total de impuestos medioambientales disminuyeron ligeramente, pasando del 1,93 % del PIB en 2015 al 1,77 % en 2019. Ascendieron a aproximadamente el 1,75 % del PIB en 2020, frente a una media de la UE de aproximadamente el 2,24 % del PIB. La distribución de los ingresos fiscales medioambientales sigue en líneas generales el patrón medio de la UE. También son relativamente bajos cuando se miden como porcentaje de los ingresos fiscales: 4,74 % (media de la UE: 5,57%).
Según la Comisión Europea, «durante los últimos años, el Gobierno español ha anunciado a veces que está trabajando a este respecto. Sin embargo, la realidad es que España sigue siendo uno de los Estados miembros de la UE con el tipo más bajo de impuestos medioambientales».
El Pacto Verde Europeo de 2019 subraya que las reformas fiscales con un diseño adecuado pueden impulsar el crecimiento económico y la resiliencia, así como fomentar una sociedad más equitativa y una transición justa, al enviar las señales de precios y los incentivos adecuados a los agentes económicos. También crea el contexto necesario para las reformas fiscales de gran calado, la supresión de las subvenciones a los combustibles fósiles y el desplazamiento de la carga tributaria desde el trabajo hacia la contaminación, teniendo también en cuenta consideraciones sociales. La aplicación del principio de «quien contamina paga» que estipula que los contaminadores deben correr con el coste de las medidas de prevención, control y reparación de la contaminación se ve facilitada por la iniciativa emblemática del instrumento de apoyo técnico de la Comisión Europea sobre la ecologización de los impuestos.
Cabe recordar que ya en las EIR de 2017 y 2019 se determinó que «aumentar los impuestos medioambientales y reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente» era uno de los tres principales retos medioambientales a los que se enfrentaba España. Esta cuestión también se ha destacado, reiteradamente, en los informes por país del Semestre Europeo. El desplazamiento de la fiscalidad del trabajo hacia impuestos menos perjudiciales para el crecimiento incluso figuró varios años en las recomendaciones específicas por país a España, «pero se realizaron avances muy limitados en este ámbito».
Sin embargo, explica el informe que, por fin, «pueden observarse algunos avances en materia de fiscalidad medioambiental. Así pues, como parte de las reformas previstas en el plan de recuperación y resiliencia, se introducirán nuevos impuestos sobre los plásticos de un sólo uso y la gestión de residuos (vertederos, incineración y coincineración) y se reformará el impuesto sobre los gases fluorados. El plan de recuperación y resiliencia también prevé la adopción de nuevas medidas en materia de fiscalidad ecológica, si se acuerdan en el contexto de una reforma fiscal a mayor escala». A este respecto, en el contexto del plan de recuperación y resiliencia se ha creado un comité de expertos para estudiar la reforma del sistema fiscal español, en particular la mejora de la fiscalidad medioambiental.
Subvenciones perjudiciales para el medio ambiente
La Comisión Europea insiste en que abordar y eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente es un paso más hacia reformas fiscales más amplias. Así, considera que «las subvenciones a los combustibles fósiles son costosas para los presupuestos públicos y repercuten negativamente en la consecución de los objetivos del Pacto Verde. En muchos casos, también van en contra de los incentivos para las inversiones ecológicas, lo que no contribuye a la igualdad de condiciones».
Las subvenciones a los combustibles fósiles oscilaron en torno a los 55.000 millones de euros en la UE desde 2015. Aumentaron un 4 % entre 2015 y 2019, aunque algunos países, como Letonia, Lituania, Suecia, Grecia o Irlanda consiguieron reducirlas. En la UE, las subvenciones a los productos petrolíferos en sectores como el transporte y la agricultura siguieron creciendo durante este período, mientras que las subvenciones al carbón y al lignito disminuyeron, debido al declive del papel de los combustibles sólidos en la generación de electricidad.
Como porcentaje del PIB, las subvenciones a los combustibles fósiles oscilaron entre el 1,2 % en Hungría y menos del 0,1 % en Malta en 2019 (fueron del 0,4 % de media en la UE). En España, las subvenciones a los combustibles fósiles ascendieron a 5.600 millones de euros, alcanzando el 0,45 % del PIB.
En 2020, el total de las subvenciones a los combustibles fósiles de la Europa de los Veintisiete se redujo a 52.000 millones de euros debido a las tendencias de consumo decrecientes en el contexto de las restricciones relacionadas con la COVID-19, que, sin las medidas de los Estados miembros, probablemente repuntarán a medida que la actividad económica se recupere.
En cuanto a las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente en España, dice el informe, «es justo reconocer que las subvenciones a los combustibles fósiles se han recortado en España en la última década y sigue habiendo un claro margen de mejora. Se espera que la próxima reforma fiscal avance a este respecto».
Revisión de la Implementación Ambiental
Europa tiene leyes y políticas ambiciosas para proteger el aire y el agua, promover la economía circular, prevenir la generación de desechos, aumentar las tasas de reciclaje y salvaguardar la naturaleza. La implementación es clave para lograr los objetivos ambientales y cumplir con las obligaciones definidas por la legislación ambiental de la UE. En 2016, la Comisión se comprometió a informar periódicamente sobre el estado de aplicación de las normas de la UE sobre legislación medioambiental. Lanzó la Revisión de la Implementación Ambiental (EIR), una herramienta que ayuda a los Estados miembros a abordar los obstáculos sistémicos a la integración ambiental mediante la identificación de las causas detrás de la implementación deficiente y el intercambio de buenas prácticas a través del apoyo entre pares.
Esta hoja informativa de la Comisión Europea resume el progreso logrado y los desafíos restantes identificados para España en el tercer paquete EIR que ahora ve la luz. «España tiene un capital natural excepcional que cubre cuatro de las nueve regiones biogeográficas de la UE y dos de sus cuatro regiones marinas. La implementación de la legislación y la política medioambiental de la UE ha contribuido a preservar y mejorar el medio ambiente en España, gracias también a la importante ayuda de la financiación de la UE». Sin embargo, la implementación y el cumplimiento ambiental representan en general un desafío.
