Las últimas informaciones procedentes de Afganistán son tristemente conocidas, en sus líneas más generales. El hospital de Kunduz, en el norte de Afganistán, sufrió el pasado sábado hasta cinco ataques seguidos de la aviación estadounidense que causaron la muerte de al menos 22 personas, entre ellas doce sanitarios locales del equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) y diez pacientes, incluidos tres niños.

Desde el pasado lunes, cuando comenzaron los enfrentamientos en Kunduz entre las fuerzas gubernamentales y las milicias talibanes, el hospital bombardeado había tratado a 394 heridos, en su mayoría civiles con heridas de bala, y el equipo médico de MSF había trabajado a lo largo de toda la semana “sin descanso para ofrecer la mejor atención posible”, aseguró la organización el pasado 29 de septiembre, horas antes de que su hospital se convirtiera en un objetivo militar. En el momento de los bombardeos, el centro albergaba a 105 heridos y sus familiares, además de 80 miembros del personal internacional y afgano de la organización.

“Este hospital de MSF es la única instalación con servicios de traumatología y cirugía en toda la región del noreste de Afganistán, y proporciona atención gratuita para salvar vidas”, ha asegurado la organización. “Los equipos de MSF tratan a todas las personas de acuerdo a sus necesidades médicas y no hacen distinciones basadas en el origen étnico, las creencias religiosas o la afiliación política de los pacientes”, ha añadido.

Los bombardeos tuvieron lugar “a pesar de que MSF había proporcionado las coordenadas GPS del Centro de Trauma a la Coalición y a los funcionarios militares y civiles afganos en fecha tan reciente como el martes 29 de septiembre, para evitar que el hospital fuese atacado”. “Como es práctica habitual de MSF en las zonas de conflicto, MSF había comunicado la ubicación exacta del hospital a todas las partes en el conflicto”, ha aseverado la organización. 

La ofensiva duró más de una hora. Según MSF, “los funcionarios militares estadounidenses y afganos en Kabul y Washington fueran informados de lo que estaba sucediendo”, pero no hubo respuesta y los bombardeos continuaron. 

Un portavoz de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, el coronel Brian Tribus, declaró que el objetivo de la operación habían sido unos “individuos que amenazaban a las fuerzas” de la coalición internacional, y se limitó a admitir que los ataques “probablemente causaron daños colaterales al personal médico de la instalación”. Asimismo, el Pentágono aseguró el viernes que el objetivo del ataque era un grupo de insurgentes que habían disparado a las fuerzas norteamericanas.

No obstante, el comandante de las fuerzas norteamericanas e Internacionales en Afganistán, el general John Campbell, añadió este lunes una nueva versión a esta historia y aseguró que las fuerzas de Estados Unidos habían atacado el hospital a petición del Ejército afgano, que había informado de la presencia de talibanes en su interior, y negó que los insurgentes estuvieran disparando a los soldados norteamericanos en el momento del bombardeo. Asimismo, modificó ligeramente el lenguaje sobre los hechos, que pasó de «daños colaterales» a «trágico incidente». El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ordenado al Pentágono que abra una investigación, pero ha advertido de que esperará los resultados antes de pronunciarse.

A juicio de MSF, las palabras de Campbell suponen «el reconocimiento de un crimen de guerra» y contradicen totalmente «las intenciones del Gobierno de Estados Unidos de minimizar el ataque como ‘daño colateral'». «El Gobierno de Estados Unidos ha admitido que fue su ataque aéreo el que impactó en nuestro hospital en Kunduz y mató a 22 pacientes y trabajadores de MSF», y ahora intenta «descargar la responsabilidad sobre el Gobierno de Afganistán», ha declarado el director general de Médicos Sin Fronteras, Joan Tubau. «La realidad es que ha sido Estados Unidos el que ha lanzado estas bombas», ha manifestado.

Por su parte, la Policía de Kunduz aseguró que en el centro se habían atrincherado milicianos talibanes (recurriendo así al tan socorrido argumento de los escudos humanos para quitar hierro a la matanza), y el Ministerio afgano de Defensa aseguró el sábado que un grupo de «terroristas armados» estaban utilizando el hospital como «posición para atacar a las fuerzas afganas y a los civiles». La propia MSF ha negado rotundamente este extremo y ha advertido de que los hechos (incluidas las explicaciones y justificaciones de las autoridades afganas y estadounidenses) reúnen «todos los elementos propios de un crimen de guerra».

Los talibanes

Que los talibanes han cometido y cometen todo tipo de barbaridades en Kunduz es algo más que evidente. Desde que lanzaron su repentino asalto sobre la ciudad, el pasado lunes, los escuadrones de la muerte de los islamistas han impuesto un verdadero “régimen de terror”, con asesinatos masivos y violaciones en grupo, tal como ha recogido Amnistía Internacional.

Fuentes locales han denunciado que los talibanes podrían haberse servido de niños para efectuar registros casa por casa, a fin de localizar y secuestrar a sus objetivos, entre los que figuran mujeres. Asimismo, varios defensores de derechos humanos de la ciudad han asegurado que los talibanes han tomado la Dirección Nacional de Seguridad y otras sedes gubernamentales y de ONG, lo que les ha permitido acceder a una gran cantidad de información sobre personal de las ONG, empleados públicos y miembros de las fuerzas de seguridad (incluidos sus direcciones, sus números de teléfono y sus fotografías) y elaborar una “lista negra” de la que se sirven para localizar y reprimir a activistas y otras personas.

El pasado 29 de septiembre, Amnistía advirtió de que los talibanes se estaban ocultando en las viviendas y mezclando entre la población local, lo cual ponía en peligro la seguridad de los civiles.

Las imágenes difundidas por las redes sociales, por ejemplo, demostraron que los combatientes islamistas habían utilizado un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) e incluso se habían hecho pasar por trabajadores médicos para secuestrar o causar la muerte de adversarios, un delito de guerra calificado por el Derecho Internacional como “perfidia”. En este mismo sentido, la organización Human Rights Wacth ha advertido de que, de ser cierto que los islamistas utilizaron el hospital para hacerse fuertes en su interior, “se trataría de un uso ilegal del hospital por parte de las fuerzas talibanes”.

Lo que dice el Derecho Internacional

No obstante, el Derecho Internacional advierte nítidamente de que el uso de escudos humanos por parte de un grupo armado no sirve de  justificante ni atenuante en los casos de muerte de civiles durante las operaciones militares, como quedó claro (o, al menos, como debiera quedar claro) durante las ofensivas efectuadas por Israel en la Franja de Gaza.

El CICR, principal valedor del respeto del Derecho Internacional Humanitario, ha condenado en los términos más enérgicos los ataques contra el hospital de Kunduz y ha advertido de que “este tipo de ataques contra los trabajadores de salud y las instalaciones socavan la capacidad de las organizaciones humanitarias para ayudar al pueblo afgano en un momento en que más lo necesita con urgencia», según declaró el jefe de la delegación en Afganistán, Jean-Nicolas Marti.

De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, ha recordado el CICR, las partes en conflicto tienen la obligación de «respetar y proteger la población civil, el personal médico, las ambulancias y las instalaciones médicas en todas las circunstancias”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, también ha condenado «enérgicamente» el bombardeo y ha recordado que «los hospitales y el personal médico están protegidos explícitamente por el Derecho Internacional Humanitario», por lo que ha exigido «una investigación profunda e imparcial del ataque a fin de garantizar la rendición de cuentas». 

¿Y qué es lo que dice exactamente el Derecho Internacional, más allá de condenas y declaraciones? El IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, aprobado el 12 de agosto de 1949 y en vigor desde el 21 de octubre de 1950 (hace casi 65 años), establece, en su artículo 18, que, “en ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas; deberán ser siempre respetados y protegidos por las partes en conflicto”.

Asimismo, advierte de que los Estados implicados en un conflicto “deberán expedir, para cada hospital civil, un documento en el que conste su índole de hospital civil”; y que, “si las exigencias militares lo permiten, las partes en conflicto tomarán las medidas necesarias para hacer claramente visibles, a las fuerzas enemigas terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas distintivos con los que se señalan los hospitales civiles, a fin de descartar la posibilidad de toda acción hostil”.

El artículo 19, dedicado al “cese de la protección de los hospitales”, deja bien claro que “la protección debida a los hospitales civiles no podrá cesar más que si éstos se utilizan para cometer, fuera de los deberes humanitarios, actos perjudiciales para el enemigo”.

Sin embargo, añade, la protección sólo cesará tras una intimación que determine, en todos los casos oportunos, un plazo razonable, y que no surta efectos”. Dicho en otras palabras, la parte atacante tiene la obligación de advertir previamente al enemigo, con tiempo suficiente (con el objetivo evidente de evitar víctimas civiles, por supuesto) antes de llevar a cabo cualquier acción.

No se considerará como “acto perjudicial el hecho de que se preste asistencia a militares heridos o enfermos en esos hospitales o que haya allí armas portátiles y municiones retiradas a esos militares y que todavía no hayan sido entregadas al servicio competente”.

 

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