Los grupos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han presentado este viernes en el Parlament un anexo a su resolución independentista a fin de “blindar los derechos fundamentales de las personas” ante posibles impugnaciones del Tribunal Constitucional (TC) a las leyes catalanas.
Según han informado las agencias, se trata de un anexo al punto ocho, que es el que insta al futuro Govern a cumplir exclusivamente las normas que emanan de la Cámara catalana y que «puedan verse afectadas por decisiones del Estado español».
La ampliación ha sido presentada este viernes en el registro del Parlament y será votada conjuntamente con el resto del texto de la resolución que Junts pel Sí y la CUP pactaron la semana pasada.
Así, el nuevo texto recoge que el futuro Govern deberá garantizar derechos de vivienda, sanidad y educación, entre otros, aunque el Estado pueda impugnar normas en este ámbito, como el decreto de pobreza del Govern que el Gobierno central llevó al TC hace meses y que está suspendido.
Entre los derechos fundamentales que quedan incluidos en el anexo figuran el de que los ciudadanos puedan disponer de medidas que garanticen el acceso a los suministros energéticos básicos (pobreza energética), pero también en materia de vivienda, sanidad, educación, libertades públicas, y administraciones locales.
El texto del anexo se refiere, asimismo, a cuestiones como las garantías a los derechos a las personas refugiadas políticas procedentes de otros países, y también al aborto, un aspecto sobre el cual se remite al cumplimiento de que estipula la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley 17/2015 de 21 de julio).
La resolución pactada por CUP y JxSí apuesta por la «desconexión» de Cataluña del Estado y establece que las resoluciones aprobadas por las instituciones catalanas no quedarán supeditadas a las resoluciones del Tribunal Constitucional.
