Tras la crisis financiera de 2007, prácticamente todos los países occidentales han acabado teniendo que dar dinero público a sus bancos. Algunos, como Estados Unidos y Reino Unido, lo hicieron al principio y sin escatimar recursos. Otros, como España, esperaron hasta que la evidencia les obligó a aparcar el sueño de que la crisis se superaría con medidas placebo. Otros, como Italia, han hecho poco o nada hasta ahora, pero la amenaza de una crisis bancaria vuelve a planear sobre sus economías.
No hay cifras claras y definitivas sobre cuánto han gastado los diferentes Estados en el rescate de los sistemas financieros. Todo depende de lo que se meta en el saco e incluso organismos oficiales acaban calculando cifras distintas. En España sin ir más lejos, acaparó la atención de los medios el rifirrafe entre el Gobierno y el Tribunal de Cuentas sobre la cantidad de las ayudas a la banca. El Tribunal habló de 108.000 millones, pero Economía defendió hasta en el Congreso que la cifra real se aproximaba a los 60.000 millones. Abultado baile de cifras que, sin embargo, tiene una explicación muy sencilla. En la cifra del Tribunal de Cuentas se incluyen los distintos tipos de avales concedidos al sector, y en las del Gobierno no.
La Comisión Europea da una cifra sobre el total de los rescates bancarios en Europa en la última crisis y habla de 591.900 millones de euros. El Banco Central Europeo (BCE), a su vez, define hasta siete tipos diferentes de intervención pública: recapitalización de una entidad, préstamo, compra de activos, intercambio de activos, transferencia o cancelación de la deuda, avales, y creación de vehículos especiales. En la última crisis, se han utilizado todos.
Entre 2007 y 2013 en la zona euro han sido recapitalizados con dinero público 80 bancos, según revela una encuesta del BCE, de los que 25 han sido nacionalizados (es decir, el Estado se ha quedado con más del 90% del capital). Otro de los mecanismos más comunes fue la creación de los mal llamados bancos malos.
En la gran mayoría de los casos estas entidades no son bancos, sino sociedades de gestión de activos, aunque las formas de articularlos varían bastante entre país y país. En Alemania, por ejemplo, se estableció que cada banco con problemas creara su propia sociedad para transferirle el riesgo de los activos malos. El objetivo del Gobierno germano a la hora de diseñar este instrumento fue que las pérdidas finales recayeran sobre los accionistas de las entidades, aunque el Estado respaldó de varias formas estos procesos, y la devolución fue diluida en plazos muy amplios, para evitar ahogar a las entidades.
El banco malo irlandés, conocido como NAMA, es uno de los ejemplos más parecidos al español. La entidad asumió los activos malos, especialmente inmobiliarios, de los bancos nacionalizados. El descuento promedio al que compró los activos fue del 57%, pero el rescate resultó demasiado oneroso para las arcas públicas irlandesas, y el país acabó pidiendo el rescate a la Unión Europea.
En España el banco malo se hizo para obedecer a Bruselas. Llegó, de hecho, después del rescate, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy pidió a Europa un préstamo de 100.000 millones para sanear el sector. En el ya famoso MoU, el Memorandum de Entendimiento en el que la Comisión Europea explicitó a España las tareas que pedía a cambio del préstamo, estaba previsto el banco malo. Y así se hizo, a pesar de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, hubiese asegurado en varias ocasiones que esta solución no estaba en los planes del Gobierno.
Cuestión de ritmo
Una de las últimas referencias procedente de una fuente fidedigna para comparar las ayudas europeas a la banca es un estudio del Banco Central Europeo (BCE), publicado en la serie Statistics Paper Series en abril de 2015. El BCE, que desde el pasado octubre es oficialmente el supervisor único de los bancos de la zona euro, revela que las ayudas de capital a las entidades financieras de éste área ascendieron al 5,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en el periodo de 2008 a 2013. En el caso de España, el porcentaje baja al 4,9%. En ese mismo periodo, el Reino Unido dedicó el 6,3% del PIB al saneamiento del sector financiero.
Dentro de este quinquenio, el BCE distingue dos periodos: de 2008 a 2010 y de 2011 a 2013. En la primera etapa, en promedio la UE dedicó el 4,9% del PIB al saneamiento bancario, España apenas el 2,3%. La prudencia mostrada por el Gobierno español, en contratendencia frente a lo que hacían los países europeos con cuentas más sólidas (Alemania, por ejemplo) tuvo sus consecuencias el esfuerzo que se tuvo que destinar al saneamiento en el segundo periodo: en la UE, el 0,2% del PIB, en España, el 2,6%.
Alemania ayudó a sus bancos con recursos correspondientes al 10,9% de su PIB de 2008 a 2010, pero en la segunda parte del periodo ya empezaba a recuperar parte del dinero, hasta el 2,1% del PIB. Casi lo mismo ocurrió en el Reino Unido: dedica a la banca el 6,9% del PIB en el primer bienio, y recupera un 2,7% en los tres años siguientes.
En este esquema encajan también Holanda (8,3% vs -2,2%) y Bélgica (5,1% vs -1,2%). Cuando Holanda decidió inyectar 10.000 millones de euros a ING, en el lejano 2008, en España se levantó cierto revuelo. Incluso hubo algún competidor desleal que utilizó la noticia para sembrar dudas entre los clientes sobre la solidez de ING Direct España. El tiempo ha dejado bien claro que las cosas no eran exactamente así: a finales de 2014, ING ya había devuelto toda la ayuda recibida y, además, el Estado había obtenido un beneficio de 3.500 millones. España no puede decir lo mismo.
Italia, a su vez, apenas dedicó el 0,3% del PIB a ayudar a sus bancos hasta 2010 y recuperó un 0,1% del PIB en el segundo periodo. Pero ahora, cuando el resto de países está con las tareas de reprivatizar lo que se nacionalizó, el país transalpino se enfrenta a la amenaza de una crisis bancaria, con el descalabro de Monte de Paschi di Siena (el banco más antiguo del mundo) como ejemplo.
Estados Unidos, sin titubeos
Saliendo de Europa, la actuación de Estados Unidos con sus propios bancos es, según muchos expertos, un ejemplo de intervención óptima. El rescate del sistema financiero estadounidense, donde se originó la crisis de las hipotecas subprime, empezó en otoño de 2008, unas semanas después de la caída de Lehman Brothers. Lo lanzó la Administración republicana de George Bush y lo llevó adelante el Gobierno demócrata de Barack Obama. Un informe de la Casa Blanca de 2013 «La crisis financiera cinco años después» calcula que en total los rescates sumaron 426.000 millones de dólares, incluidas las financieras de coches, entre ellas, la de General Motors. Sin embargo, el Estado habría recuperado 441.700 millones, es decir, habría obtenido unas ganancias de unos 15.000 millones.
A pesar de estos números, el rescate estadounidense tampoco estuvo exento de polémica. Las críticas se basan en el hecho de que el Estado ha ayudado a los bancos por encima de lo que lo ha hecho con sus ciudadanos. Además, como en la mayoría de los países europeos, la opinión pública reprocha que muy pocos banqueros hayan acabado en la cárcel. En Estados Unidos, ninguno de la primera línea.
Sin embargo, eso sí, las entidades han tenido que pagar multas multimillonarias en los últimos años. Como ejemplo, Bank of America aceptó pagar 16.500 millones de dólares, la mayor sanción de la historia de Estados Unidos, por sus responsabilidades en la burbuja subprime. Parte de este dinero se destinaría a ayudas directas a personas con dificultad para poder pagar la hipoteca. Algunos medios estadounidenses calculan que las multas efectuadas superan ya los 90.000 millones de dólares.
Autosuficiencia
Son muy pocos los que piensan que en España la reestructuración financiera no se inició tarde. En un artículo publicado en los Cuadernos de Información Económica de Funcas de octubre de 2013, el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia Joaquín Maudos recuerda que en la Unión Europea, en el periodo entre 2007 y 2010 las ayudas a la banca representan el 5% del PIB, frente al 2,5% de España. El autor afirma que «es de esperar que si se hubiesen movilizados más fondos y antes en el tiempo (como en Alemania, Reino Unido y Holanda), se hubiese resuelto antes la crisis bancaria». Es una opinión compartida por la gran mayoría de los expertos.
El Gobierno del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, tenía una prioridad: no dar dinero público a los bancos.
Intentó todo lo que se podía hacer sin gastar dinero público, pero, evidentemente, no fue suficiente. Al revés: es probable que muchas de las decisiones tomadas entonces, como el visto bueno a fusiones de entidades débiles, que crearon entidades mucho más grandes y mucho más débiles, empeoraron la situación, aumentando la factura final. El Gobierno esperó, retrasó, puso parches, pero no actuó, porque actuar significaba, como en el resto de Europa, meter mano al bolsillo, y cada vez estaba más claro que los bolsillos de España no estaban para tantas alegrías.
El Banco de España cifra las ayudas finalmente concedidas a la banca en forma de capital entre 2009 y 2015 en 61.945 millones, aunque de estos «sólo» 53.553 millones son dinero público, ya que la parte restante la aportó el sector, vía Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Los avales a la liquidez, por un total de 110.895 millones que ya han sido extintos en su práctica totalidad, y que además han proporcionado al Estado un beneficio por las comisiones, no han sido un gasto para los contribuyentes.
Pero hay otro tipo de garantías, como las otorgadas a entidades compradoras de bancos que recibieron ayudas – los Esquemas de Protección de Activos (EPAs)- que siguen en pie. La pérdida esperada, cifra que se actualiza en función de la situación del cuadro macro y de la entidad, supera los 9.200 millones.
Cuando Estados Unidos decidió salvar a su banca, la FED se puso manos a la obra, imprimiendo el dinero que fuera necesario. Reino Unido también disponía de su banco central para que la política monetaria pudiese acompañar la actuación del Gobierno. Y países como Alemania tenían la solidez para asumir los costes de los fracasos de sus bancos.
En España la situación no era esta. Tanto que, finalmente, cuando no quedó más remedio que ponerse mano a la obra, hubo que pedir ayuda a Europa.
De la crisis, no obstante, ha visto la luz un nuevo sistema de reglas que, al menos en Europa, fija unas normas comunes sobre cómo se deberá actuar cuando un banco tiene problemas. El objetivo es que el contribuyente no vuelva a tener que pagar los errores de los banqueros, y que sean los accionistas y los inversores quienes asuman el coste. El tiempo dirá si el objetivo se ha conseguido.
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