Los años de crisis han forzado un aumento de la competitividad en todos los sectores, pero sobre todo en el sector de la distribución de carburantes, muy afectado por las vicisitudes a las que está sometido el petróleo a nivel internacional.
Con el aumento de la competitividad, se ha hecho vital que las gasolineras se diferencien e intenten destacar sobre el resto. Las grandes petroleras han recurrido a fórmulas muy variopintas.
Un buen ejemplo de estas estrategias, es el caso de Repsol, que ha optado por convertir sus 3.500 establecimientos en puntos de recogida para los productos de Amazon, así como lugares de encuentro para los usuarios de Blablacar; o instalar en ellos puntos de recarga para vehículos eléctricos, entre otras medidas.
Pero lo que de verdad irrita a las gasolineras tradicionales es la rápida expansión que están teniendo las gasolineras low cost, que ya son el 25% de las que existen en España.
Y es que, estas gasolineras ofrecen un precio de venta hasta 20 céntimos más baratos por cada litro de combustible. Lo que puede llegar una diferencia de entre 7 y 8 eros entre el más caro y el más económico.
Pero… ¿cómo lo hacen?
Estos modelos de negocio se basan en la reducción de costes, ya sea en el producto o en el proceso de venta y logística. Algunas optan por reducir la cantidad de aditivos que usan las grandes petroleras en sus combustibles; otras eliminan el pago al personal de la ecuación, lo que supone hasta el 60% de los gastos de una gasolinera normal.
Una estrategia que esta muy de moda son las gasolineras adheridas a un supermercado, en las que apenas se reciben beneficios, pero que suponen un reclamo para los clientes.
La estrategia de las grandes petroleras para combatir estos precios es competir con productos más económicos a través de sus marcas blancas.
La prohibición de las gasolineras desatendidas
Las llamadas gasolineras desatendidas son las más polémicas, y están prohibidas en algunas comunidades autónomas porque, según las tradicionales y los sindicatos, “destruyen empleo”.
La CNMC, en cambio, se opone a esta decisión y recomienda la eliminación de cualquier normativa que discrimine o prohíba las estaciones de servicios automatizadas, ya que “aumenta la competencia efectiva en el mercado y presiona a la baja los precios de los carburantes, aumentando con ello el bienestar de los consumidores finales” y recuerda, que los empleos deben justificarse en el valor que crean.
