Este verano ha comenzado con la mitad de las demarcaciones españolas con reserva de agua embalsada por debajo del 50%. Según el Gobierno, el 74% del territorio español se encuentra en riesgo de desertificación. Y la ciencia alerta de que España tendrá menos precipitaciones en el futuro y más calor, es decir, más evapotranspiración y menos agua disponible.
Con este panorama, plantea Greenpeace «que cabría pensar que las Administraciones están tomando todas las medidas para garantizar agua segura, en cantidad y calidad, de cara a las próximas décadas. Pero no es así·. Por eso, la organización ha presentado “El Crimen del Agua”, una investigación sobre cómo funciona la gestión del agua en el sector agropecuario, a través de la paradigmática cuenca del Segura, una zona que sufre graves impactos medioambientales, como es el caso del Mar Menor. Y la conclusión es que «existe una estructura perfectamente organizada, con tintes casi criminales, en la que participan numerosos eslabones, que posibilita que la gestión del agua tenga un impacto inasumible para el medioambiente y las pequeñas explotaciones agrícolas».
En numerosas ocasiones, las grandes empresas del sector se mueven con una impunidad “normalizada” y el acceso al agua depende de quién tiene más dinero o influencia. «El miedo a hablar o denunciar malas prácticas entre pequeños agricultores y agricultoras se está extendiendo cada vez más, debido a las amenazas físicas o de apertura de procesos judiciales inasumibles para personas con pocos recursos».
Greenpeace ha querido poner el foco en cómo se puede llegar a producir un problema de la dimensión de la destrucción medioambiental del Mar Menor y, sobre todo, quién lo hace posible. Así, ha llegado a la conclusión de que «no se puede culpar únicamente a quien vierte grandes cantidades de agua contaminada al Mar Menor, sino también a quien lo permite, se beneficia o mira para otro lado«.
Principales actores de la trama
La organización ha elaborado una lista de los principales actores, encabezada por «la oligarquía agropecuaria, ese pequeño grupo de empresarios que manda sobre el agua, el campo y su futuro».
También señalan a «los lobistas, organizaciones presentantes de la gran industria agrícola y ganadera que luchan y dan la cara por los intereses del sector».
Responsabilizan al Ministerio de Medio Ambiente de turno, «que gestiona las cuencas hidrográficas intercomunitarias y tiene la capacidad de cambiar las cosas y que no solo no lo hace sino que contribuye a perpetuar la situación».
Acusan a los gobiernos regionales, de funcionan como una correa de transmisión del sector agroindustrial y ganadero «y que, en ocasiones, actúan como barrera de contención frente a posibles intentos de intromisión judicial o de otros estamentos».
Las empresas de trabajo temporal también juegan un papel fundamental en este entramado, «ya que son quienes facilitan la mano de obra barata necesaria para el campo».
Las grandes constructoras de infraestructuras hidráulicas «que pasan desapercibidas pero que sacan beneficio y mantienen el flujo del agua en movimiento».
Respecto al sector de la distribución, dicen que «que mira para otro lado, pero que es quien finalmente pone en manos de las personas los productos procedentes de este sinsentido. Las grandes cadenas de alimentación son tan responsables de la desaparición del Mar Menor y de otros impactos medioambientales como el resto de participantes».
Campaña «Salvar el Agua»
Para el responsable de la campaña #SalvarElAgua de Greenpeace, Julio Barea,“esta situación grave, y más cada vez en un contexto de crisis climática, es extrapolable a muchas zonas de nuestro país. La principal responsabilidad del problema del agua recae sobre el Gobierno central, ya que, además de tener la competencia de las confederaciones hidrográficas intercomunitarias (cuyo desempeño es muchas veces dudoso), es quien podría ordenar auditorías para conocer cómo se está repartiendo el agua y quién se beneficia de ello, pero no actúa de forma decisiva”.
Gestión del agua, Gobierno y oscurantismo
Greenpeace considera que el Gobierno «antepone en ocasiones el miedo a las protestas del sector agroindustrial al cuidado del medioambiente y ha cubierto la gestión del agua de un manto de oscurantismo intolerable». La organización ecologista llama también a la responsabilidad de los gobiernos autonómicos y del respeto de elementos que intervienen en la gestión del agua, así como a las propias empresas y organizaciones de regantes para que piensen en el futuro de sus regiones y no sólo en las cuentas de resultados del próximo año.
Este informe se enmarca en la campaña “Salvar el Agua” de Greenpeace, con la que la organización quiere sensibilizar sobre la grave problemática del agua y exigir medidas urgentes y eficaces a las Administraciones.
Caso Topillo
Intentar esclarecer los entramados del agua es un asunto complicado que muchas personas y organizaciones no pueden permitirse. Pero Greenpeace ha confirmado que continuará personada como acusación particular en el Caso Topillo, que investiga el vertido de contaminantes al Mar Menor, ya que para la organización ecologista la vía judicial es una parte fundamental para demostrar que no todo vale y que si la clase política no pone freno a la mala gestión, al menos espera que sea la justicia quien lo haga.
