La medida podría acabar con más de 50.000 operaciones aéreas y 300.000 toneladas de CO2 anuales. | Foto: Ecologistas en Acción

El pasado 1 de noviembre se cumplieron 50 años desde que se pusiera en marcha el denominado “puente aéreo” entre las ciudades de Madrid y Barcelona. Calificado de “revolucionario” en la publicidad de Iberia de la época, el servicio ha estado basado en tres elementos: un alto número de frecuencias entre ambas ciudades cada día; facilidades para la compra de billetes; y disponibilidad de terminales propias en cada aeropuerto para facilitar el embarque y desembarque de las personas usuarias, en gran parte procedentes del sector negocios.

A pesar de la pérdida de viajeros aéreos entre las capitales madrileña y catalana registrada desde la puesta en marcha en 2008 de la Alta Velocidad ferroviaria, esta ruta aérea sigue siendo a día de hoy una de las más transitadas en España. En 2019, antes de la pandemia, se registraron un total de 15.773 operaciones que transportaron a 2.569.734 personas entre ambas ciudades, según datos de Aena. Esas cifras representan, respectivamente, el 11,3% del total de operaciones aéreas y el 15 % del número de viajeros en vuelos peninsulares de aquel año. A día de hoy, si bien el transporte ferroviario de alta velocidad tiene una cuota modal del 81,8% en este trayecto según la CNMC, sigue siendo la ruta peninsular con mayor número de vuelos, y todavía se operan una treintena de vuelos diarios en ambos sentidos.

El alto número de operaciones es, sin embargo, en palabras de Ecologistas en Acción y la plataforma Zeroport, «sinónimo de un alto impacto ambiental». En efecto, tomando como base de cálculo 2019, en dicho año los vuelos de esta ruta generaron 168.827,2 toneladas de dióxido de carbono, según un estudio publicado por Ecologistas en Acción. Por otro lado, en 2019 las operaciones entre Madrid y Barcelona produjeron 200,9 toneladas de óxidos de nitrógeno y 1,52 toneladas de partículas en suspensión potencialmente eliminables en caso de sustitución modal (traspaso hacia el tren).

Recuerdan que no hay que olvidar que «en un radio de 20 kilómetros —distancia en la cual la concentración de partículas procedentes del aeropuerto sigue siendo muy elevada—, en torno a los aeropuertos de Madrid y Barcelona viven 6,5 millones de personas, una de las cifras más altas de toda la UE». Según un estudio de Transport&Environment, «las partículas ultrafinas generadas por el tráfico aéreo serían la causa de 45.391 casos de hipertensión, 56.445 de diabetes y 4.643 de demencia en torno a los aeropuertos de ambas ciudades».

Estos datos de impactos de la ruta Madrid-Barcelona se inscriben, además, en un contexto de crecimiento exponencial del tráfico aéreo doméstico en España. Entre 2013 y 2019, las operaciones aéreas domésticas crecieron un 27% en España  —y sus emisiones de CO2 asociadas, un 30%— muy por encima de países como Alemania, que mantuvo prácticamente invariable su número de operaciones internas; Francia, que las redujo un 5%, o el Reino Unido, que consiguió disminuirlas un 8%.

A pesar de los preocupantes datos mencionados y de que PSOE y Sumar reflejaron en su acuerdo de Gobierno una medida para eliminar vuelos cortos, hasta la fecha el Ejecutivo no ha dado ningún paso para hacer realidad esta medida.

Sin embargo, la reducción de los vuelos cortos cuenta con un amplio apoyo social y político. Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que cuatro partidos políticos con representación parlamentaria (Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Unidas Podemos y EH Bildu) han registrado enmiendas al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para incluir en esta norma la eliminación de los vuelos domésticos peninsulares con alternativa ferroviaria de hasta cuatro horas.

Como avanzó Ecologistas en Acción en un estudio, esta medida podría acabar con más de 50.000 operaciones aéreas y 300.000 toneladas de CO2 anuales. De acuerdo con el informe, estas cifras representan, respectivamente, el 13,1 % de todas las operaciones domésticas en España (es decir, contando también los vuelos a y desde los archipiélagos canario y balear) y el 9,71 % de las emisiones generadas por dichas operaciones. O, lo que es lo mismo, una reducción de entre el 30 % y el 40 % de las emisiones de todo el tráfico aéreo peninsular.

Pablo Muñoz, coordinador de Movilidad Sostenible en Ecologistas en Acción, explica que “la sustitución de vuelos cortos por trayectos en tren es técnica y legalmente viable, tanto por las alternativas ferroviarias existentes como por los precedentes existentes en la UE. Pero para que la medida sea realmente efectiva, debe reducirse muy significativamente el número de vuelos entre Madrid y Barcelona, que es la ruta con mayores emisiones en la península. El Gobierno debe ser responsable y acelerar la puesta en marcha de esta medida».

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