Se trata de un borrador que pretende desarrollar la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, transcurridos casi veinte años y sin que la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla desarrolle las Áreas Preferentes para las Energías Renovables (APER). De hecho, según denuncia Ecologistas en Acción no existe «mención a esta herramienta de planificación imprescindible»
Dicen desde la organización que la pretensión de la Junta de Andalucía «es dejar que sea el mercado, los inversores y los proyectistas quienes determinen el reparto del territorio para la implantación de las necesarias plantas fotovoltaicas, eólicas, de biomasa y de H2 verde; en definitiva, una renuncia de su obligación de defensa del bien común y de subordinación al servicio público».
Asimismo, ponen de manifiesto que la oposición a determinados proyectos de energías renovables «es considerada en este proyecto despectivamente como falta de conocimiento”. Y las movilizaciones en la calle son descalificadas como “respuestas por medios ajenos a los propios de la tramitación de los proyectos”.
Respecto a la oposición ciudadana, afirman que está motivada por la «total ausencia de planificación del despliegue de las energías renovables, por el recurso a la herramienta de expropiación forzosa a muchos ciudadanos afectados y por lo escuálido del retorno de la inversión para las poblaciones cercanas: esas son las verdaderas razones del rechazo y no la ausencia de conocimiento».
Las carencias de la Junta de Andalucía en materia de transición energética
Dicen también que la Estrategia Energética de Andalucía 2030 está»repleta de palabrería y ausente de compromisos, un Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético que no tiene desde su creación ningún desempeño, una Agencia Andaluza que no está gestionando adecuadamente los fondos europeos para actuaciones energéticas».
Ecologistas en Acción Andalucía ha emplazado a la Junta «a crear una Empresa Pública de Energía que participe en la generación de energía renovable, y también en distribuidoras y comercializadoras públicas, además de ejecutar las APER, de forma que se puedan planificar de forma sostenible y vinculante las zonas adecuadas para la transición energética y se descarten los sitios vulnerables y no aptos».
A su juicio, el Gobierno de Moreno Bonilla debe proteger al territorio y a las poblaciones afectadas por la implantación del desarrollo renovable, redistribuyendo los beneficios sociales y económicos generados por las plantas de generación renovable. «La transición energética tiene que estar en manos de la ciudadanía», sostienen, y la “revolución verde” no puede ser un mero eslogan, sino una oportunidad para construir un sistema energético distribuido más justo social y ambientalmente, reivindican.
