El expresidente filipino Rodrigo Duterte ha sido detenido por agentes de Policía en el aeropuerto internacional de Manila, hoy martes, por orden de la Corte Penal Internacional (CPI)en relación con un caso de crimen de lesa humanidad presentado contra él, como ha explicado el Gobierno filipino.
Duterte fue arrestado a su llegada de un viaje a Hong Kong y la Policía lo puso bajo custodia por orden de la CPI, que ha estado investigando los asesinatos masivos que ocurrieron bajo la férrea represión del expresidente contra el tráfico de drogas ilegales, según ha dicho la oficina del presidente Ferdinand Marcos Jr. en un comunicado.
Gran revuelo en el aeropuerto
La sorpresiva detención ha provocado conmoción en el aeropuerto, donde abogados y ayudantes de Duterte protestaron vociferando porque, junto con un médico y abogados, se les impidió acercarse a él después de que fuera puesto bajo custodia policial. «Se trata de una violación de su derecho constitucional», ha declarado a la prensa el senador Bong Go, estrecho aliado de Duterte.
La oficina de Manila de la Policía Internacional ha recibido una copia oficial de la orden de detención de la corte, ha dicho el Gobierno. No está claro a dónde fue llevado Duterte por las autoridades. El Gobierno filipino ha confirmado que el exlíder de 79 años se encontraba en buen estado de salud y fue examinado por médicos gubernamentales.
La CPI comenzó a investigar los asesinatos a narcotraficantes bajo el mandato de Duterte desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún era alcalde de la ciudad sureña de Davao, hasta el 16 de marzo de 2019, como posibles crímenes contra la humanidad.
El político retiró a Filipinas en 2019 del Estatuto de Roma en una medida que, según activistas de derechos humanos, tenía como objetivo eludir la rendición de cuentas.
El Gobierno de Duterte se movilizó para suspender la investigación del tribunal mundial a finales de 2021 alegando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas acusaciones, argumentando que la CPI -un tribunal de última instancia- no tenía jurisdicción.
Los jueces de apelación de la CPI dictaminaron en 2023 que la investigación podía reanudarse y rechazaron las objeciones del Gobierno de Duterte. Con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI puede intervenir cuando los países no quieren o no pueden procesar a los sospechosos de los crímenes internacionales más atroces, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
