Para la plataforma unitaria de la discapacidad, este incremento debería consistir en la equiparación con las pensiones mínimas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, ya que «cada vez se separa más el diferencial de cuantías entre unas y otras, quedando las no contributivas relegadas, sometidas a crecimientos mínimos, que deterioran la capacidad económica de los que las perciben».
En este sentido, el CERMI ha explicado que la cuantía de la pensión no contributiva para 2024 es de 7.250,60 euros, cuando la de la pensión contributiva mínima, para ese mismo año, asciende a 11.552,80 euros, «lo que evidencia la gran distancia que las separa».
Aparte de la modificación de los importes, el CERMI ha propuesto al Ejecutivo que se cambie la regulación de las pensiones no contributivas también para que el cómputo de la capacidad de renta del solicitante venga referido a su capacidad económica personal, no a la de la unidad familiar. A juicio del CERMI, esto «supone un castigo para la persona con discapacidad, al no tenerse en cuenta exclusivamente su situación individual».
Asimismo, ha añadido que otro aspecto que debería acometerse, es «la mejora de la compatibilidad entre la percepción de la pensión no contributiva por discapacidad y la realización de un trabajo remunerado, a fin de favorecer la activación de las personas con discapacidad».