Víctor Madera, el llamado ‘ ministro de la Sanidad en la sombra del PP ’, ha orquestado el mayor sistema hospitalario de España, mayor que el de cualquier comunidad autónoma, Andalucía incluida. Pero dicho ecosistema no está diseñado sólo para beneficiarle a él y al fondo que controla la operación, CVC. Su mera existencia, por el contrario, ataca directamente a las carteras de los ciudadanos y a la estabilidad de su contraparte pública. Y no son sus enemigos quienes lo denuncian, ni la oposición al Partido Popular: son sus propios empleados.
Trabajadores de Quirón Salud han hecho llegar a SABEMOS documentación que demuestra algunas de las prácticas que lleva a cabo la compañía en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.
Denuncian, concretamente, que debido al funcionamiento del sistema de facturación intercentros, Móstoles intenta derivar sistemáticamente todos los pacientes que puede a otros centros del grupo Quirón Salud, con independencia de que haya otros más próximos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
La documentación ofrecida por estos trabajadores demuestra, por ejemplo, que en la práctica oftalmológica, donde el centro no cuenta con un especialista de guardia, se pide a los trabajadores “recordar al paciente (…) que podrá ser atendido por el médico de Urgencias en el HRJC o por Oftalmólogo si acude a la FJD (Fundación Jiménez Díaz)”. Esto implica una distancia de más de 20 kilómetros y media hora de trayecto si no hay tráfico y si el paciente tiene coche. Lo que nadie les dice a los pacientes en el centro es que a menos de 5 kilómetros está el Hospital de Móstoles, que sí podría atender a esos mismos pacientes.
“De forma sistemática, nos piden que derivemos pacientes a otros centros, da igual lo que les convenga más”, lamentan estos empleados, que pidieron conservar el anonimato para hacer lo propio con sus empleos. “El problema no es sólo para el paciente, es que están detrayendo recursos del Hospital de Móstoles, que era su destino natural, y esto terminará afectando a su presupuesto y su funcionamiento”, critican.
José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, confirmó a SABEMOS que, si bien este tipo de derivaciones no son ilegales ni van contra el contrato firmado con la administración, demuestran lo fácil que es aprovecharse de una población que no está bien informada acerca de sus derechos asistenciales y no cuentan con un cuadro médico en condiciones ni con información sobre cómo acceder a los servicios. Esto les hace víctimas fáciles de estas prácticas predatorias que pueden obligarles a desplazarse a la otra punta de la Comunidad cuando, paradójicamente, toda la estructura de gestión privada nace para poner un hospital a la puerta de cada madrileño, hiciese falta o no.
Freire insistió una vez más en que se trata de un ejemplo más de la opacidad del Gobierno del PP con todo lo que respecta a estos centros, a pesar de las innumerables solicitudes de información que les ha hecho llegar, de forma infructuosa.
La oposición aprobó recientemente una proposición no de ley en la Asamblea para revertir a control público el hospital de Collado-Villalba, pero desde el Gobierno de Cifuentes han hecho oídos sordos. Son contratos de acero para una sanidad de madera.
No hay derechos
Los trabajadores del Hospital Rey Juan Carlos denunciaron especialmente la dificultad para reivindicar sus derechos dentro de la compleja estructura empresarial del coloso sanitario, que mantiene una empresa por cada hospital que controla y, además, por cada servicio adicional relacionado o no con ellos. ¿Algunos ejemplos? Según los datos del registro mercantil recogidos por Infoempresa, nos encontramos con IDCSalud Móstoles, IDCSalud Valdemoro, IDCSalud Torrejón; Servicios Personas y Salud SL, Ibérica de Diagnóstico y Cirugía o incluso Health Diagnostic, en cuyo objeto social se habla de ¡comercio al por mayor de madera! ¿Broma privada? De hecho, muchas de ellas tienen una característica en común: tienen la sede social en Zurbarán 28.
Este verano el grupo creó tres nuevas sociedades, con el prefijo IDCQ (IDC Quirón), que se unen a la maraña, de las que el director corporativo de Quirón Salud, Juan Carlos González Acebes, es administrador único, y que están radicadas en el número 24 de Fernández de la Hoz, que ya era la sede del holding de IDC Salud.
Estas nuevas sociedades tienen como socio único otra empresa relacionada con el grupo, Desarrollos empresariales piera, que a pesar de tener como objeto social el comercio y fabricación de artículos de regalo, tiene como socio único al holding IDCSalud. Y esta, a su vez, tiene como socio único al fondo holandés HC Investments BV, que a su vez está controlado por la sociedad luxemburguesa HC Investments SARL.
Con este entramado de decenas de empresas, los trabajadores denuncian que les es casi imposible organizarse y reclamar sus derechos, lo que les somete a todo tipo de indignidades. Como, por ejemplo, que en los objetivos asistenciales que se fija a los trabajadores haya, mezclado con argumentos razonables, otros que parecen propios de otros tiempos, como la prohibición de que el personal asistencial masculino lleve pendientes, una distinción que no afecta a las compañeras, o la discriminación hacia quienes tienen tatuajes, que no se podría aceptar en ningún hospital público.
La preocupación de los empleados, en todo caso, va más allá de cuestiones estéticas. “Ya son los dueños de todo, cada vez es más difícil no trabajar para ellos. Ya sólo quedan ellos, el Servicio Madrileño de Salud y empresas con menos centros, como Sanitas u Hospitales de Madrid. Y unque los médicos están bien pagados, el resto del personal trabaja un 10% más horas que en la sanidad pública con un 40% menos de salario”, lamentan.
“Villalba, después de un año en funcionamiento, sigue sin comité de empresas, y es inviable crear un comité intercentros. Además nuestros contratos tienen cláusulas de movilidad, de forma que, a pesar de ser empresas diferentes, ellos te pueden mover por toda la comunidad, pero no al revés”, lamentan estos empleados.
