Tal y como venimos publicando en los últimos días, la reunión del Consejo de Administración del Banco Popular celebrada el día 6 de junio de 2017 estuvo plagada de irregularidades, además de que la documentación que de allí salió pudo incumplir con la ley, tal y como se refleja en la correspondencia cruzada entre Jaime Ruiz Sacristán y Joaquín Hervada.

En un correo electrónico, remitido por el ex secretario del Consejo y al que ha tenido acceso Diario16, además, insta en tono amenazante al exconsejero lo siguiente: «espero que no vuelvas a poner duda la corrección de la documentación de los consejos». Según Hervada, todo se hizo de manera correcta por las responsabilidades que hubiera podido generar el no actuar de ese modo.

En primer lugar, no es muy correcto amenazar o utilizar un tono amenazante contra un exconsejero que lo que está haciendo es denunciar las irregularidades que se produjeron en esa reunión. En segundo término, no se puede intentar justificar lo injustificable.

Hervada afirma en ese correo que no se puede poner en duda la documentación de esa reunión del Consejo. Sin embargo, ¿cómo no lo iban a hacer los exconsejeros cuando vieron que habían sido engañados por Saracho y por los abogados del despacho de cabecera del Santander?

El acta notarial de Ruiz Sacristán es la que expone de manera clara cómo fueron esos engaños: «lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés previamente leída por el secretario Sr. Hervada. Es más, ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».

Por otro lado, es lógico que los exconsejeros dudaran de la documentación de ese Consejo cuando se presentó una carta prerredactada dirigida al Banco Central Europeo en la que se declaraba la inviabilidad del Popular. Es decir, la decisión de declarar el estado FOLTF, fundamental para poder iniciar la resolución, estaba adoptada sin contar con el Consejo de Administración.

A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que, en el acta parcial, de la que los consejeros no tuvieron noticia hasta dos semanas después, se incluyeron aspectos que no fueron debatidos ni tratados en la reunión. Así lo indica el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán.

Según el documento, el borrador del acta no fue mostrada ni leída ni entregada hasta el día 28 de junio de 2017, algo que es una irregularidad. A esto hay que unir un hecho que es clave y que es indicado por el acta notarial: «Los consejeros no precedieron, al final de la reunión del Consejo del Banco de 6 de junio de 2017, a aprobar ni el acta parcial […] ni ninguna otra acta. Únicamente se firmó, al comienzo de la sesión, una lista de asistentes que, en el caso de los consejeros que asistieron por teléfono, fue suscrita por el propio ex secretario del Consejo de Administración del banco».

Por otro lado, según se indica en el documento notarial, el acta de la reunión del Consejo «no refleja la realidad de los debates, manifestaciones y cuestiones tratadas en la reunión y ello no sólo porque la misma haya sido calificada de parcial. Así, se incorporan en el acta parcial numerosas referencias, manifestaciones, datos e informaciones que no fueron objeto de análisis, debate ni aprobación por parte del Consejo de Administración del banco».

En concreto, el acta notarial afirma que no se recogen ninguna de las manifestaciones de Jaime Ruiz Sacristán en las que «reiteradamente, manifestó que el Banco Popular presentaba un problema de liquidez, pero no de solvencia».

«El acuerdo que se refleja en el acta parcial como aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración no refleja el contenido de lo acordado. Lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés leída por el secretario Sr. Hervada», afirma el acta notarial de Ruiz Sacristán que añade, más adelante, que ni los abogados de Uría y Menéndez, ni Saracho ni Hervada «explicaron, advirtieron o aclararon a los consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».         

Por tanto, si el contenido del acta fue manipulado, se incluyeron afirmaciones que no se dieron en la reunión y se omitieron las objeciones de los consejeros, además de remitir la carta en la que se declaraba la inviabilidad ⸺una carta donde la firma de Saracho está en duda y cuyo análisis pericial caligráfico ha sido reclamado en reiteradas ocasiones a la Justicia para determinar si corresponde a la rúbrica del ex presidente del Popular⸺ y cuyas consecuencias no fueron comunicadas al Consejo, nos enfrentamos ante una nueva causa de nulidad de la resolución y de la posterior venta al Santander.

Todo lo anterior, ¿cómo no iba a provocar que los exconsejeros pusieran en duda la documentación de la reunión del Consejo que inició la resolución? ¿Cómo se atrevió el exsecretario a verter amenazas contra quienes le reclamaban documentos? Por cierto, ese tipo de comportamientos coactivos son también muy propios de Emilio Saracho, según han revelado a Diario16 diferentes personas que han trabajado con él.

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