Actualmente no hay controles internacionales de derechos humanos sobre el comercio de artículos empleados para cometer tortura u otros malos tratos o ejecutar a personas. En 2021, la Asamblea General de la ONU encargó a un grupo de expertos gubernamentales que examinara nuevas opciones para regular el comercio, y sus propuestas se incluyen en un informe que acaba de ver la luz.
Amnistía Internacional junto con sus socios de la Fundación de Investigación Omega y el Consultorio Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard han acogido con especial satisfacción la propuesta para que la Asamblea General de la ONU ponga en marcha las negociaciones sobre un instrumento jurídicamente vinculante.
“La tortura y otros malos tratos fueron prohibidos por el derecho internacional hace varias décadas, y sin embargo aún no existe una normativa internacional que regule el comercio de artículos empleados para infligir tales abusos. Este informe es un hito en el trabajo de la ONU para corregir esta deficiencia fundamental”, ha dicho Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“El informe es un gran paso para frenar este despreciable comercio, que socava la prohibición global de la tortura y otros malos tratos y permite que las empresas obtengan beneficios de un dolor y sufrimiento inimaginables.”
Propuesta de prohibición del material intrínsecamente abusivo
Amnistía Internacional, la Fundación de Investigación Omega y el Consultorio Internacional de Derechos Humanos ha solicitado «una prohibición expresa de aquellos artículos cuya única finalidad práctica sea la tortura u otros malos tratos, como las porras con púas, los grilletes lastrados y los cinturones de electrochoque». Las organizaciones apoyan la recomendación del informe de que «cualquier norma internacional aprobada en el futuro contenga la prohibición de la producción y el comercio de materiales para hacer cumplir la ley intrínsecamente abusivos». El grupo de expertos gubernamentales ha declarado que tal prohibición sería “una medida proactiva para prevenir violaciones de derechos humanos”.
Control comercial sobre los artículos destinados a hacer cumplir la ley
Otro avance es la recomendación de establecer controles comerciales sobre los artículos destinados a hacer cumplir la ley “cuando existan motivos razonables para pensar que se destinarán a infligir tortura u otros malos tratos». Esto podría implicar el establecimiento de controles sobre artículos de uso habitual en el ejercicio de la función policial como las esposas, el gas lacrimógeno, las balas de goma y las porras, de las que habitualmente se hace un uso indebido a pesar de que pueden tener fines legítimos. Amnistía Internacional, la Fundación de Investigación Omega y el Consultorio Internacional de Derechos Humanos han pedido se establezcan estrictos controles basados en los derechos humanos sobre este tipo de artículos.
Respecto a la viabilidad de establecer controles comerciales sobre artículos para aplicar la pena capital ha habido diversidad de opiniones entre los expertos gubernamentales. Según Michael Crowley, de la Fundación de Investigación Omega, “investigaciones anteriores de Amnistía y Omega pusieron al descubierto el carácter internacional de este comercio. Un tratado jurídicamente vinculante para alcanzar un comercio sin tortura es la única forma de garantizar que las empresas que promocionan porras con púas, cinturones de electrochoque y otros materiales intrínsecamente abusivos ya no podrán vender sus productos en el mercado mundial».
Un futuro tratado garantizaría que las empresas que venden material para hacer cumplir la ley, con independencia de donde operen, estarán sometidas a unas normas comunes que les impidan suministrarlo a fuerzas de seguridad y policiales abusivas en todo el planeta.
Para Anna Crowe, del Consultorio Internacional de Derechos Humanos, “el informe del grupo de expertos gubernamentales demuestra por qué es tan importante y urgente crear una normativa internacional sobre la tortura. Ahora los Estados tienen la oportunidad de empezar a trabajar en un tratado que establezca unas normas globales para poner fin a este comercio.”
Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega han trabajado estrechamente con la UE y el Consejo de Europa en la elaboración de normativa regional sobre el comercio de instrumentos de tortura, y también han presentado recomendaciones en las deliberaciones actuales de la ONU. Junto con el Consultorio Internacional de Derechos Humanos, ahora piden a los Estados que sean audaces en su afán de negociar un tratado jurídicamente vinculante par abordar, de forma global, el comercio de la tortura.
