El gigante online empieza a hartarse de la confusión y de los pasos contradictorios que dan la Generalitat y el Consistorio para regular el alquiler turístico, y advierte que “se toma muy en serio la privacidad” de sus usuarios.
El Ayuntamiento de Barcelona se propone poner orden en el negocio del alquiler turístico. Y quiere hacerlo con firmeza. El equipo de gobierno municipal pretende aflorar e identificar todos los pisos que se alquilan a turistas sin tener la licencia para hacerlo en la ciudad. Y para ello quiere contar con la ayuda de las plataformas online que los comercializan (o, como lo ven las propias plataformas, quiere obligarles a ayudar).
“Queremos dejar claro que en Airbnb nos tomamos la privacidad de nuestros usuarios muy en serio”, dice un portavoz
El Ayuntamiento barcelonés, ahora comandado por Ada Colau, solicitará a los portales online que publicitan los pisos de alquiler (como Airbnb o Booking.com) información sobre sus usuarios para poder determinar cuáles de ellos alquilan las viviendas sin tenerlas incluidas en el registro de la Generalitat catalana. E incluso el consistorio ha amenazado a las plataformas con sancionarlas a partir de septiembre si no facilitan esa información.
Airbnb, dispuesta a proteger a sus usuarios
Airbnb, que ofrece en su plataforma unas 16.000 viviendas ubicadas en Barcelona -lo que la convierte en la quinta ciudad del mundo con más pisos registrados en su web-, dice desconocer exactamente qué datos pretende requerirle el Ayuntamiento y esperará a conocer los detalles antes de tomar una decisión sobre cómo actuar.
Pero, de momento, la compañía avisa de sus posiciones. “Queremos dejar claro que en Airbnb nos tomamos la privacidad de nuestros usuarios muy en serio”, explican fuentes de la compañía a SABEMOS. “Protegeremos a la comunidad de exigencias excesivamente amplias de datos de usuarios”, sentencian.
Desde Airbnb se contrapone la aparente imposición de esta nueva norma que ha diseñado el Ayuntamiento de Barcelona a, por ejemño, el acuerdo alcanzado con Amsterdam para cobrar a través de su plataforma la tasa turística de la ciudad.
Booking.com y Homeaway no entran al trapo por las medidas de Barcelona y se limitan a mostrar su compromiso con el cumplimiento de las leyes locales
“Creemos que existen muchas maneras de que el Ayuntamiento pueda trabajar con nosotros y con la comunidad de anfitriones para hacer frente a sus preocupaciones, y desarrollar un marco legal sostenible para compartir el propio hogar”, sostiene un portavoz de Airbnb. “En los últimos dos años hemos hecho grandes avances con los responsables de la ciudad y esperamos poder seguir trabajando de manera constructiva. Como hemos visto en ciudades como Ámsterdam, el diálogo constructivo y las ideas creativas son la mejor manera de conseguir soluciones adaptadas a la situación local”, subraya.
Desde la agencia de viajes online Booking.com -especializada en alojamiento y que cuenta con una amplia oferta de alquiler vacacional- se limitan a apuntar que la compañía «siempre cumplirá las leyes locales» de los países en que trabaja. «Tenemos estrictas medidas para asegurar que cada una de los más de 700.000 alojamientos cumplen con los resquisitos legales locales en cada uno de los 212 países en que operamo», apuntan fuentes de la agencia. Por su parte, fuentes de la plataforma online de alquiler vacacional Homeaway apuntan que «seguirán cumpliendo como hasta ahora con las responsabilidades que como plataformas se nos marca en la legislación europa y en la nacional». «De la misma manera que nuestra disposición para dialogo y buscar soluciones las autoridades es máxima», señala un portavoz de Homeaway.
Más confusión en Cataluña
Tras el anuncio del Ayuntamiento de su nueva iniciativa para poner coto al alquiler turístico ilegal en la ciudad, Airbnb ya emitió un comunicado en el que consideraba la iniciativa “un paso atrás” para ganar claridad y transparencia y se quejaba de que generaba “aún más confusión” entre los propietarios que alquilan su vivienda.
Airbnb del lío legal que se está montando en Cataluña en torno al alquiler turístico. Y es que el nuevo anuncio del plan del Ayuntamiento barcelonés se produce después de la moratoria municipal a nuevos hoteles y apartamentos en la ciudad y llega apenas tres semanas después de que la Generalitat catalana impulsara una nueva normativa para legalizar el alquiler de habitaciones a turistas, al incluirlas entre los establecimientos sujetos al pago de tasa turística.
“Creemos que Barcelona debería disponer de normativas claras y sencillas que apoyaran a estos vecinos y no actuar en contra de ellos”, apuntó Airbnb en su comunicado. “Queremos trabajar con todos en Barcelona y Cataluña para poner fin a esta confusión y, de la misma manera, conseguir reglas simples y adaptadas a la realidad de hoy en día para aquellas personas que comparten la casa en la que viven”.
El Ayuntamiento de Barcelona se dispone a frenar la actividad ilegal dentro del alquiler turístico y ofrece a los propietarios de apartamentos turísticos ilegales en el distrito de Ciutat Vella condonarles parte de la sanción si los ceden a la Mesa de Emergencia Social del Consorcio de Vivienda de Barcelona para destinarlos a alquiler social.
Se trata de una prueba piloto por la que el consistorio condonará el 80% de la sanción a los propietarios por cederlos durante tres años en alquiler social, que cobrará el Ayuntamiento, según ha informado Europa Press. El 20% restante lo podrán pagar pasados los tres años o podrán optar por seguir ofreciéndolo en alquiler social hasta compensar la totalidad de la multa, tras lo cual podrán recuperar el cobro las rendas de alquiler.
El Ayuntamiento irá notificando hasta el 15 de septiembre a los alrededor de 330 pisos que podrían acogerse al convenio, y que revisarán la prueba piloto en diciembre para evaluarla. Las sanciones por ofrecer un piso turístico ilegal pueden alcanzar los 90.000 euros, pero que la media de las interpuestas en la ciudad es de 15.000.
