A más tardar el 31 de diciembre de 2030, la Comisión evaluará si elimina gradualmente el uso de baterías portátiles no recargables de uso general.

El Parlamento y el Consejo han llegado a un acuerdo provisional para revisar las normas de la UE sobre baterías y tener en cuenta los avances tecnológicos y los desafíos futuros. De este modo, las normas cubrirán todo el ciclo de las baterías, desde el diseño hasta el final de su vida útil y se aplicarán a todos los tipos de baterías vendidas en la UE: baterías portátiles, baterías SLI, que suministran energía para el arranque, iluminación o encendido de vehículos, baterías ligeras baterías de medios de transporte (LMT), que proporcionan energía para la tracción de vehículos de ruedas como scooters y bicicletas eléctricas, baterías de vehículos eléctricos (EV) y baterías industriales.

Baterías más fáciles de quitar y reemplazar, consumidores mejor informados

Los negociadores han acordado requisitos más estrictos para hacer que las baterías sean más sostenibles, eficientes y duraderas. Según el acuerdo, será obligatoria una declaración de huella de carbono y una etiqueta para las baterías EV, las baterías LMT y las baterías industriales recargables con una capacidad superior a 2kWh.

Tres años y medio después de la entrada en vigor de la legislación, las baterías portátiles de los electrodomésticos deben estar diseñadas para que los consumidores puedan quitarlas y reemplazarlas fácilmente.

Para informar mejor a los consumidores, las baterías llevarán etiquetas y códigos QR con información relacionada con su capacidad, rendimiento, durabilidad, composición química, así como el símbolo de “recogida selectiva”. Las baterías LMT, las baterías industriales con una capacidad superior a 2 kWh y las baterías EV también deberán tener un «pasaporte de batería digital» que incluya información sobre el modelo de la batería, así como información específica de la batería individual y su uso.

Política de diligencia debida para la industria de las baterías

De acuerdo con el acuerdo, todos los operadores económicos que coloquen baterías en el mercado de la UE, excepto las PYME, deberán desarrollar e implementar la denominada «política de diligencia debida», en consonancia con las normas internacionales, para abordar los riesgos sociales y ambientales relacionados con abastecimiento, procesamiento y comercialización de materias primas y materias primas secundarias.

Otras medidas previstas por el reglamento prevén que los objetivos de recolección se establecen en 45 % para 2023, 63 % para 2027 y 73 % para 2030 para baterías portátiles, y en 51 % para 2028 y 61 % para 2031 para baterías LMT.

Los niveles mínimos de cobalto recuperado (16 %), plomo (85 %), litio (6 %) y níquel (6 %) de los desechos de fabricación y consumo deberán reutilizarse en baterías nuevas.

Todos los residuos de baterías LMT, EV, SLI e industriales deben ser recolectados, sin cargo para los usuarios finales, independientemente de su naturaleza, composición química, condición, marca u origen.

A más tardar el 31 de diciembre de 2030, la Comisión evaluará si elimina gradualmente el uso de baterías portátiles no recargables de uso general. Ahora, el Parlamento y el Consejo tendrán que aprobar formalmente el acuerdo antes de que pueda entrar en vigor.

En diciembre de 2020, la Comisión presentó una propuesta de reglamento sobre pilas y pilas de desecho. La propuesta tiene como objetivo fortalecer el funcionamiento del mercado interior, promover una economía circular y reducir el impacto ambiental y social en todas las etapas del ciclo de vida de la batería. La iniciativa está estrechamente ligada al Pacto Verde Europeo , el Plan de Acción de Economía Circular y la Nueva Estrategia Industrial .

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