El absurdo elevado a la enésima potencia campa a sus anchas por los pueblos de España. Si no, que se lo pregunten a Manuel Trujillo, integrante de la Plataforma A Desalambrar de Córdoba y coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), que ha sido citado como imputado acusado del corte de unos alambres que obstaculizaban el libre tránsito por un camino municipal, un bien de dominio público.
El movimiento caminero ha convocado hoy una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para apoyar al activista. Además, centenares de colectivos de Andalucía y de todo el país se han solidarizado con el activista y cabeza del movimiento caminero a nivel estatal.
Ecologistas en Acción considera «intolerable que quien cierra y corta el tránsito por un camino público, el que figura en el actual inventario municipal de Córdoba con el número 27, vaya como acusación en un juicio contra quien defiende el acceso público al mismo».
Una de las pruebas que se presentarán en el juicio es un vídeo de Canal Sur donde se observa cómo se hace un corte simbólico para las cámaras de televisión de un peligroso alambre de espino, «que además está expresamente prohibido por la normativa ambiental», explican.
El vídeo se grabó durante una marcha reivindicativa por el citado camino público, «a la que asistieron concejales del Ayuntamiento de Córdoba, como Cristina Pedrajas y la recientemente fallecida Amparo Pernichi«.
Responsabilizan al Ayuntamiento de Córdoba
Para la organización ecologista el Ayuntamiento de Córdoba es el principal responsable de lo que está ocurriendo con el patrimonio caminero municipal. «Los gestores municipales son conocedores de este conflicto, ya que cuando se produjo el cierre del camino, en diciembre de 2020, recibió la correspondiente denuncia, y no hizo absolutamente nada. Posteriormente, cuando se realizó una marcha reivindicativa, se volvió a denunciar, y se realizaron intervenciones en el Pleno del Ayuntamiento»
En junio se presentaron más de 3.000 firmas exigiendo el libre tránsito por este camino público y por los demás caminos públicos cortados. Dicen los ecologistas que «la única respuesta del Ayuntamiento de Córdoba fue anunciar la creación de una comisión para determinar qué medidas se debían de adoptar para revertir la situación». Pero dicha comisión municipal no ha tomado medida alguna. «Recientemente, ante una nueva interpelación en el pleno municipal, se insiste en que se reunirá la comisión para estudiar el asunto».
Ecologistas en Acción considera que el Ayuntamiento de Córdoba «es el responsable de que este camino esté cerrado, de que las personas que intentar ejercer su derecho a paso se vean en la situación de tener un juicio, y de que algún día pueda pasar algo aún peor por su absoluta dejadez y complicidad con los usurpadores de caminos públicos». En este sentido, exige que se apliquen las ordenanzas municipales, se imponga la sanción correspondiente al propietario de la finca «y le obligue de inmediato a abrir el camino público que nunca debió estar cerrado a la ciudadanía».
