Casi la totalidad de la industria de la pesca en los ricos bancos del Sáhara Occidental están controlados por empresas europeas, principalmente españolas. Todo ello ocurre a pesar de que las leyes de la Unión Europea prohíben cualquier propiedad o control extranjero de los recursos del territorio. Así se indica en una investigación realizada por El Confidencial Saharaui.

Estas empresas, en su gran mayoría españolas, operan por medio de empresas marroquíes que usan estructuras corporativas opacas para la importación de barcos y la obtención de licencias de pesca que, como ya informamos con el caso del pulpo, se convierte en un recurso de consecución de rentas porque las personas que tienen esas concesiones tienen la capacidad de alquilarlas o participar de un variable sobre los beneficios de la explotación de los caladeros saharauis.

En el Sáhara la industria pesquera era una importante fuente de ingresos durante la época colonial española. Sin embargo, se trataba más de un factor local que, en la década final del siglo XX y en la primera del XXI, comenzó a crecer gracias a la construcción de muelles e instalaciones de procesamiento del pescado instaladas en el puerto de Marsa, en El Aaiún.

Según denuncia Western Sahara Resource Watch (WSRW), el desarrollo de la industria pesquera ha tenido como consecuencia el control por parte de compañías europeas, la mayoría españolas, que se llevan la gran mayoría de los beneficios gracias a los acuerdos opacos con empresas marroquíes.

Desde que la UE y Marruecos firmaron el acuerdo pesquero en el año 2006, que se renueva de manera anual, da acceso al banco de pesca del Sáhara Occidental a más de 100 barcos europeos, la gran mayoría españoles.

Sin embargo, hay un hecho a tener muy en cuenta: los acuerdos que se firmen con Marruecos sobre el Sáhara son ilegales puesto que la ONU no reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio. Además, Marruecos tiene como principal intención de mantener dichos acuerdos la búsqueda de una legitimación sobre el Sáhara, algo para lo que está utilizando a la Unión Europea y, por extensión, a España.