Tal y como informamos en Diario16, el pasado mes de enero fue interpuesta una demanda por parte de algunos de los principales accionistas del Banco Popular ante la Justicia europea contra la Junta Única de Resolución (JUR) con el fin de anular la operación que finalizó con la entidad vendida por un euro al Banco Santander.

Entre los demandantes nos encontramos a la Sindicatura de Accionistas, el ex secretario del Consejo de Administración del Popular que fue despedido por Saracho por negar en un Hecho Relevante la quiebra del banco, Francisco Aparicio Valls, o la Fundación de la Universidad de Navarra.

En la demanda, a la que ha tenido acceso a Diario16, se afirma el hecho que adelantó este medio de cómo el día 3 de junio la Sesión Ejecutiva de la JUR acordó que el FROB debía iniciar el procedimiento de venta del Banco Popular y determinó las normas del procedimiento, es decir, se marcaron las pautas para el Proyecto Hipócrates.

Sin embargo, esas normas acordadas por la Comisión Rectora del FROB, que, a día de hoy, siguen estando ocultas a los afectados, «no permitieron el cumplimiento de ninguno de los requisitos legalmente previstos», afirma la demanda, cimentándose en varios puntos.

Por un lado, el proceso no tuvo ningún tipo de transparencia ya que sólo se permitió que participaran los bancos que intervinieron en el proceso privado de venta iniciado por Saracho y que estaba gestionando JP Morgan. ¿Por qué no se permitió la entrada de entidades extranjeras? En este aspecto hay que tener en cuenta que, seguramente, hubiera habido interés por parte de los mismos bancos que, a través de sus divisiones de inversión, presentaron ofertas para una ampliación de capital.

El hecho de no permitir que entidades que no habían participado en el proceso privado de Saracho y JP Morgan pudieran participar en el Proyecto Hipócrates fue una violación del principio de competir en igualdad de condiciones con el Santander, banco que «llevaba meses examinando la contabilidad y los activos del Banco Popular […] que estaba en mejor disposición de realizar una oferta con conocimiento de causa», confirma la demanda. Tal y como informó Diario16, sólo el BBVA entró en el proceso de venta, aunque se retiró por varias razones.

En las comunicaciones que remitió el asesor externo del FROB, Arcano y Jefferies, a las dos entidades que decidieron participar en la subasta para adquirir Banco Popular (BBVA y Santander), se afirmaba en uno de los puntos lo siguiente:

Sin embargo, durante el proceso de estudio de la Virtual Data Room el FROB emite una carta en donde en el punto 2, se matiza que las condiciones del punto 6 anterior son solamente para el Santander, como confirmando que es el único que está interesado. Implícitamente el FROB le estaba diciendo al BBVA que se retirara.

Eso es lo que realiza a posteriori el BBVA, cuando dice que está interesado, pero no ha tenido tiempo para estudiar las condiciones, algo que es la excusa para dejar el camino libre a la retirada de BBVA, puesto que en la carta el FROB, a través de Arcano y Jefferies, ya indican que el único interesado es el Santander aún sin saber si BBVA va a presentar alguna oferta.

Carta BBVA solicitando más tiempo de análisis para realizar oferta por Banco Popular. Documento en poder de la Audiencia Nacional

Por otro lado, hay que tener en cuenta que todo el procedimiento no tuvo en ningún momento «la maximización del precio de venta, puesto que, en vez de formularse varias ofertas por distintos posibles compradores para elevar el precio, se adoptaron toda una serie de decisiones que beneficiaron objetivamente a Banco Santander en perjuicio de potenciales compradores», según se puede leer en la demanda, ya que el banco cántabro se hizo con el Popular por un euro y se hizo con la propiedad de una entidad que era líder en el sector de pymes y autónomos y con presencia en territorios donde el Santander no tenía tanta presencia. Además, por un euro se hacía con un banco con un patrimonio neto de más de 10.000 millones de euros y cuyas acciones, según los propios analistas del Santander, «tenían un precio de mercado de 1,17 euros en febrero de 2017».

Por otro lado, la demanda del núcleo duro de accionistas del Popular también hace referencia a la contratación por parte del FROB de los servicios del bufete de abogados Baker&McKenzie, despacho que tiene relaciones muy cercanas a Carlos Gómez-Jara, el abogado de Emilio Saracho. En el año 2016, según documentación a la que ha tenido acceso este medio, el letrado que representa al ex presidente del Popular facturó al Baker&McKenzie casi medio millón de euros (465.659,80€).