Elpidio Silva es uno de esos jueces que ha llegado al pueblo, no por sus éxitos profesionales, que los tuvo, sino porque demostró que desde la Justicia se podía combatir contra las grandes élites y contra las grandes empresas, sobre todo, con la banca y la casta de los banqueros. Esa lucha constante por defender los derechos de la gente de calle que había sido afectada por los desmanes de quienes se creen que tienen impunidad por el poder que acreditan —o creen acreditar— y por la protección que entre los miembros de la élite se dan, fue lo que le acercó tanto a los afectados por distintos abusos de la banca como al resto de la ciudadanía. Esa lucha, el atreverse a encarcelar al entonces todopoderoso Miguel Blesa (ex presidente de Cajamadrid y amigo de José María Aznar), le costó muy caro ya que fue condenado a 17 años de inhabilitación.

En la actualidad dirige un despacho de abogados. Entre sus clientes, según ha declarado a Diario16, se encuentran cincuenta afectados por el Caso Banco Popular. Por tanto, Elpidio Silva continúa defendiendo a quienes han sufrido los abusos del poder económico, hecho que contrasta con otros ex jueces como, por ejemplo, Baltasar Garzón que, una vez fue apartado de la carrera judicial, defiende y asesora a personas y familias latinoamericanas vinculadas con graves delitos contra la salud o a expolíticos como el expresidente dominicano presuntamente corrupto Leonel Fernández o que en España potencia las amistades del Banco Santander —recordemos el «Querido Emilio» que publicó Garzón en El País—, como ocurrió en el caso de la presentación del libro de Manuel Medina Se vende banco por un euro, una publicación «bendecida» por Ana Patricia Botín y a la que acudió el juez Andreu; que se ha visto envuelto recientemente en las grabaciones del ex comisario Villarejo junto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, o que se relaciona con personas como el ciudadano sirio domiciliado en Marbella Taisid Rami.

 

Pasan los años y los abusos de la banca continúan. El último la obligación de contratar seguros con la entidad a la hora de firmar la hipoteca. ¿La Justicia española está preparada para poner freno a estos abusos?

La situación de la protección de los derechos de los ciudadanos en España es muy deficitaria. España es uno de los países que tiene un desamparo más intenso en la UE y está relacionado con la inexistencia de una clase judicial independiente.

¿Por qué estamos en una situación así?

En la Justicia no se hizo una Transición como ocurrió en la política u otras instituciones como el Ejército, por ejemplo. Los jueces franquistas continuaron en sus puestos y se aseguraron de que sus hijos, sus familiares, siguieran perpetuando la situación en cuanto que la importancia del apellido es muy importante y el acceso a la carrera es poco objetiva y, dado que esa justicia es la misma que en el franquismo, tenemos una justicia mal dotada para enfrentarse a poderes o lobbies muy fuertes como los que incorpora el sector bancario. La Justicia española no está en absoluto a la altura del aparato judicial porque no hay un ámbito de especialización.

En referencia a esto último, ¿qué es lo que está fallando para que los ciudadanos se sientan desamparados ante los abusos de la banca?

Por ejemplo, no hay una especialización en Código Penal económico lo que genera que haya jueces poco preparados, sobre todo cuando se trata de asuntos económicos muy complejos. La Justicia no se aclara en la independencia y la imparcialidad. Está muy politizada y muy próxima a los intereses que la puedan manipular. No guarda estructura de imparcialidad, sino que tiene una tendencia a estar bajo el poder del Ejecutivo sobre todo si está bajo el poder de la derecha. España, en cuanto a su Justicia, no reúne ningún requisito válido para estar tranquilo frente a los poderes fácticos o la banca. Además, hemos comprobado que la ciudadanía tiene que ir a Europa para que se le garanticen sus derechos: clausulas suelo, desahucios, etc.

En referencia al Caso Banco Popular, ¿cómo ve la instrucción que está realizando el juez Fernando Andreu? ¿No cree que va muy lenta?

La instrucción no va ni muy lenta ni muy rápida, es que no va, no existe. Esto es inconcebible. A día de hoy, en los elementos de prueba que podríamos utilizar para hacer una investigación, que yo sepa, que no se ha hecho nada. Las diligencias son secretas, no se han llevado a cabo intervenciones de fuentes de datos de la entidad respecto de las comunicaciones de los ejecutivos antes de que se produjera la intervención. No ha realizado una investigación acerca de la gestión bancaria previa a los hechos que ha determinado la caída de un banco como el Popular. ¿Cómo se ha gestionado ese banco? ¿Qué es lo que se ha investigado? No hay intervenciones telefónicas, de correos electrónicos, tampoco una peritación forense para asegurarse de las alertas que se han llevado reiteradamente.

¿Y el papel de Andreu en la instrucción?

Se trata de un magistrado que está hasta arriba de trabajo. Este señor lleva causas como el atentado de Barcelona. Es inconcebible que un magistrado tenga que soportar un laberinto de causas que escapan a la capacidad de trabajo de los empleados públicos. En realidad, parece que no se quiera saber qué sucedió en este caso.

Antes hablaba de los juzgados europeos como garante de los derechos de los ciudadanos ante los abusos de la banca. En el Caso Banco Popular vemos muchas irregularidades por parte de la JUR, ¿esto podrá ser positivo a los afectados de cara a que el Santander llegue a un acuerdo extrajudicial?

El acuerdo extrajudicial es el que debería darse en el Caso Banco Popular, pero en un país en el que el poderoso pueda pensar que la Justicia le va a favorecer, llegarán hasta el final. Si no se prevé que la Justicia vaya a responder, y no está respondiendo, el banco está tranquilo. Esto hace que el propio magistrado esté muerto de miedo porque lo que me ocurrió a mí con Blesa ha dejado una sombra demasiado alargada.

En Diario16 llevamos casi dos años explicando que la caída del Banco Popular fue una operación perfectamente diseñada desde distintos puntos que dejó desamparados a las más de 305.000 familias afectadas…

En el Caso Banco Popular se demuestra que no se trata de una causa general, se trata de que afectados han sido expoliados y no tienen más remedio que entrar en el ámbito corporativo de esa entidad. Las personas han perdido su inversión de una manera anómala. Lo que haya hecho la JUR ha tenido que ver con las relaciones políticas de esta causa. En Italia sí se rescató a las personas. En España no porque aquí se venía arrastrando un rescate financiero sospechoso para la UE que se convirtió en rescate bancario. Cuando llegó el turno del Banco Popular, la UE no quiso entrar en otro rescate.

Ahí es donde debería haber entrado la Justicia española, ¿verdad?

Si la Justicia española hubiera sido independiente, esto no hubiera pasado. Al fin y al cabo, esto sucede porque jamás se ha lanzado un mensaje prevento a la banca. Por ejemplo, una de las personas más cercanas a Miguel Blesa, Ildefonso Sánchez Barcoj, no va a entrar en prisión. El Caso Banco Popular es tan escandaloso… Aquí hay una diferencia con las preferentes porque hay gente con grandes inversiones. En este caso, la manera en que se han ventilado los asuntos ha hecho que se llegue a una situación insostenible. Hay elementos de prueba que no se van a poder escuchar. Cualquier preocupación grande que pudiera tener la banca se minimiza porque no le tienen miedo a la Justicia.