Los despachos de abogados que representan a los afectados del Banco Popular y que no tienen ningún tipo de conflicto de interés con el Santander ya tienen suficientes herramientas como para solicitar de inmediato a la Justicia, tanto la europea como la española o la norteamericana, la anulación de la resolución y la posterior venta al banco presidido por Ana Patricia Botín para, de este modo, recuperar lo que se les arrebató con nocturnidad y alevosía el día 7 de junio de 2.017.

Las publicaciones de Diario16, según nos ha confirmado alguno de estos bufetes, están sirviendo de herramienta para plantear querellas, demandas y recursos ante las diferentes instancias en las que se está jugando una batalla judicial que, además, le puede provocar un gran agujero a la entidad liderada por Ana Botín si el Santander no hace suyas las lógicas y justas recomendaciones del Defensor del Pueblo a la hora de llegar a un acuerdo extrajudicial.

Hace unas semanas Diario16 publicó una serie de artículos en los que señalaba importantes irregularidades cometidas por la Junta Única de Resolución (JUR) que iban en contra de los reglamentos y leyes por los que esta institución debería regirse. Una de ellas es la inexistencia de una valoración definitiva.

El despacho que defiende los intereses de la familia Luksic, Aeris Invest, ha presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) una demanda que tiene por objeto recurrir «la decisión adoptada por el organismo de no realizar una valoración definitiva de Banco Popular al considerar que la información facilitada hasta ahora es suficiente. Aeris Invest solicitó a la JUR a principios del mes de agosto la publicación del llamado Informe de Valoración definitivo de Banco Popular». Sin embargo, tal y como publicó Diario16, la Junta Única reconoció que no existe tal documento, hecho que va en contra del propio reglamento del Mecanismo Único de Resolución.

Se trata de un nuevo caso de vulneración del derecho a una defensa justa y efectiva que tienen todos los ciudadanos europeos porque, de haberse realizado esa valoración definitiva se habría permitido hacer un análisis prudente, completa y realista de la verdadera situación en la que se encontraba el Banco Popular y no la tergiversada e incompleta con la que se tomó la decisión de intervenir, vender por un euro al Santander y arruinar a más de 305.000 familias.

Por otro lado, hay que recordar que la valoración publicada en el mes de agosto utilizó el supuesto de que el Popular era una entidad en liquidación, algo que es absolutamente falso, lo que supone otra nueva causa de nulidad.

Debemos recordar que, tal y como publicó Diario16, el propio TGUE reconoció a los afectados que interpusieron recursos que inició los procedimientos para juzgar a la JUR por, al menos, 6 presuntos delitos cometidos en el proceso de intervención del Banco Popular. En concreto, el Tribunal juzgará a la JUR por violación de los derechos de defensa y tutela judicial efectiva, del deber de diligencia y buena administración, del derecho a la propiedad, del derecho a ser oído, de la no concurrencia de los requisitos para la aplicación del instrumento de resolución y la impugnación del informe de valoración de Deloitte.

Por tanto, una nueva causa de nulidad que la Justicia no puede dejar pasar y que acerca más la posibilidad de que los afectados del Caso Banco Popular recuperen el dinero que les quitaron, ya sea por una decisión judicial, ya sea porque la entidad presidida por Ana Patricia Botín se sienta tan acorralada por la Justicia que intente solucionar la situación a través de un acuerdo extrajudicial.