El Santander, junto con BlackStone, continúan con su alianza a la hora de sacar beneficio de los activos inmobiliarios del Banco Popular. En este caso, se pondrán a la venta más de dos millones de metros cuadrados a través de Aliseda, empresa participada por las dos entidades.

Esos terrenos se encontraban dentro del paquete que vendió el Santander al fondo buitre unas horas después de que la Comisión Europea autorizara la operación de compra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que según se desprende de documentación interna del propio banco cántabro las conversaciones con el fondo estadounidense se habían iniciado unas semanas antes del día de la resolución, en concreto, el 21 de mayo, es decir, el día previo a que el Consejo de Administración decidiera la compra del Popular, decisión que inició todos los procesos tanto de la JUR como del FROB y Emilio Saracho.

Aliseda ha calculado que el precio de ese suelo rondará los 500 millones de euros de los que el Santander se llevaría la parte correspondiente a la comisión pactada con el servicer. Supongamos que dicho variable fuera del 20%, es decir, 100 millones de euros. Por tanto, el banco cántabro ganaría otros 49 millones. Por tanto, el negocio que está haciendo el Santander es fantástico. Recibió 5.100 millones por vender ese 51% del patrimonio inmobiliario del Popular, pudo recuperar las provisiones de esos activos, lo que le bajó la ratio de morosidad y le incrementó la liquidez y, posteriormente, cuando BlackStone decidiera ponerlos a la venta lo harían a través de Aliseda, por lo que el Santander facturaría un 49% de la comisión negociada. Redondo, negocio redondo, a costa de la ruina de más de un millón y medio de personas.

Hay diferentes demandas interpuestas contra el Santander por enriquecimiento ilícito. La Justicia ya ha desestimado los intentos de los abogados del banco presidido por Ana Patricia Botín para que no sean admitidas a trámite.

Las irregularidades que hay en la operación, tanto en España como en Europa, y que Diario16 ha ido publicando junto a la correspondiente documentación, podrían dar como resultado la anulación de la operación y, por lo tanto, la devolución por parte del Santander del dinero que perdieron las más de 305.000 familias arruinadas en día 7 de junio de 2.017. Toda esa documentación obra en poder de la Justicia, ya sólo falta que el juzgado correspondiente la adopción de las medidas cautelares que puede adoptar después de que se haya certificado la muerte jurídica del Popular y su absorción por el Santander.